De esta manera ya no se tendrán listados distintos como ocurre actualmente, sostuvo el encargado del programa de Personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Rafael Barrantes, una de las instituciones promotoras de esta iniciativa.
Recordó que el más reciente de estos registros data de 2012 y provino del Ministerio Público, en el cual se establecía el número de personas desaparecidas durante los años de violencia política en 15 731.
“Pero esta cifra presentaba nombres duplicados y tampoco consideró las cinco mil 500 fichas aportadas por el Equipo Peruano de Antropología Forense”, recordó Barrantes en declaraciones a la Agencia Andina.
El representante de la CICR saludó la aprobación de la norma mencionada en el Parlamento peruano.
“Acá se necesita un único listado de personas desaparecidas”, recalcó.
Distinguió, asimismo, la naturaleza de este frente a la del Registro Único de Víctimas. Según dijo, este último “no considera a quienes formaron parte de algún grupo alzado en armas”.
De igual manera, el registro manejado por el Ministerio Público solo considera a víctimas de desaparición forzada, recordó.
Sin persecuciones
Respecto a la posibilidad de que en un eventual gobierno fujimorista la norma pueda ser modificada, Barrantes recordó que su aprobación en el Parlamento fue por unanimidad.
“El espíritu de la norma es humanitario y no de persecución judicial”, anotó el especialista en temas de Derechos Humanos.
La unanimidad mostrada en la votación pertinente da cuenta de que todos están de acuerdo en que esta política debe de ser implementada, señaló.
La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas Durante 1980 y el año 2000 establece como política de Estado a cargo del Ministerio de Justicia este tema.
Así, ya no será requisito obligatorio para iniciar pesquisas en casos como este la existencia de una denuncia ante el Ministerio Público.
