En este aniversario —el 35—del encarcelamiento de López Rivera, que se ha convertido en símbolo de la "dignidad puertorriqueña", los participantes aprovecharon para recalcar su oposición a la junta de control que Estados Unidos quiere imponer a Puerto Rico, como su Estado Libre Asociado.
No queremos esta junta, queremos estar libres", corearon los portorriqueños en marcha en solidaridad con el líder independentista Oscar López Rivera.
Entre los asistentes se encontraban líderes del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido del Pueblo Trabajador, así como el presidente del Senado, Eduardo Bhatia (del gobernante Partido Popular Democrático), y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
Las autoridades de la isla han rechazado en los últimos días el control fiscal que Washington intenta aplicar sobre el Gobierno de Puerto Rico y lo consideran "una toma de control colonial" sobre este Estado Libre Asociado a EE.UU. que está sumido en una crisis económica, que incluye una deuda pública mayor a los 73 mil millones de dólares, que según expertos, tiene sus orígenes con el estatus político, debido a que la isla no tiene un modelo económico, no tiene poderes soberanos para controlar cabalmente su economía y tampoco capacidad para imprimir papel moneda.
La imposición de la junta de control fiscal que se tramita estos días en el Congreso federal para enderezar las finanzas puertorriqueñas es vista —incluso por Bernie Sanders, precandidato demócrata en las presidenciales — como una clara muestra del espíritu "colonial" con el que Washington trata a San Juan.
En esta manifestación, una de las más concurridas de los últimos años, los puertorriqueños levantaron pancartas en las que se leía "Caminamos por Oscar, ejemplo de dignidad", "Libertad para Oscar" y "Oscar nos inspira para luchar".
Asimismo, los cuatro legisladores demócratas puertorriqueños del Congreso están a la espera de la respuesta a su misiva en la que solicitaron una reunión con Obama para discutir un posible indulto a favor de López Rivera antes de que el actual mandatario abandone a fin de este año la Casa Blanca. La condena del activista, que no tiene delitos de sangre, expira en el año 2023.
