La “reparación histórica” también busca sepultar el reclamo histórico del 82 % móvil. La “reparación histórica” también busca sepultar el reclamo histórico del 82 % móvil.
Los anuncios en materia previsional realizados por Mauricio Macri representan un chantaje a más de 2 millones de jubilados. Aunque fue presentado como una “reparación histórica” regularizando los juicios acumulados bajo el kirchnerismo, la realidad demuestra exactamente lo contrario.
De un total de aproximadamente 2,1 millones de jubilados que tienen sus haberes mal liquidados, solo 70 mil –quienes tienen sentencia firme- cobrarían la totalidad de la sentencia judicial a su favor, aunque incluso en estos casos el 50 % del monto total será en cuotas. Para la inmensa mayoría la situación es muy distinta. Los 300 mil jubilados que tienen juicios en trámite recibirán una propuesta de pago, que no solo será en cuotas, sino que sufrirán una quita al establecerse el límite de 4 años del total de reclamos. Dependiendo la antigüedad de cada reclamo, la quita podría llegar hasta un 40 por ciento.
Pero la situación es mucho más grave para la inmensa masa de jubilados -1,8 millones- que teniendo sus haberes mal liquidados aún no comenzaron una demanda judicial. A este sector el Gobierno le impone el siguiente chantaje: si quieren acceder a un reajuste de sus haberes hacia adelante deben renunciar a su derecho a iniciar una demanda por el retroactivo. Se trata, como puede verse, de una clara extorsión. Cabe denunciar que el trato a los fondos buitres fue radicalmente distinto, pues se aceptó la entrada al canje de los bonistas que no habían iniciado una demanda judicial.
La “reparación histórica” también busca sepultar el reclamo histórico del 82 % móvil. El ajuste que recibirán los 2,1 millones de jubilados (un tercio del total) será del orden del 45 %, lo que deja los haberes lejos del 82 % móvil del salario en actividad. Para el resto de los 4 millones de jubilados la situación será aún peor, porque se los condena a un ingreso que no cubre siquiera la canasta de pobreza.
El pago de las sentencias debiera ser afrontado por el Tesoro, que se valió de la ANSeS para su propio financiamiento. Sin embargo, ha sido cargado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, abriendo la puerta para la venta de las acciones que están en su poder. Se trata de un golpe a los fondos de los jubilados, para cumplir un reclamo de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa.
Cuando Macri señaló que debe debatirse la “sustentabilidad de todo el sistema” abrió la puerta para una reforma previsional integral, que contemplará el aumento de la edad jubilatoria, la reprivatización parcial del sistema restableciendo las AFJP como complemento al sistema público y la condena a la masa de trabajadores en negro a una “asignación universal a la vejez” de miseria.
El Gobierno se ha valido del anuncio para justificar un blanqueo de capitales, que beneficia a los capitalistas evasores, entre los que se encuentra el propio presidente de la Nación.
En oposición a este paquete ajustador y privatizador planteamos: pago de las sentencias y el retroactivo a la totalidad de los jubilados, sin quita ni cuotas, a cargo del Tesoro. Vigencia del 82 % móvil del salario en actividad. Por una Anses dirigida por trabajadores y jubilados.
Por Gabriel Solano (*)
(*) Dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores
