Los acusados son los gendarmes retirados Domingo Issler y Angel López Fierro, así como los militares Juan Carlos Medrano Caro (general de brigada), Julio Miguel Plazaola (coronel), Guillermo Ramón Añaños (coronel), Julio Santiago Canteros (coronel) y Alfredo Manuel Arrillaga (general de brigada), todos en situación de retiro efectivo.
En tanto que el martes 21 de junio está fijada la audiencia de réplicas de la fiscalía tanto como de la parte querellante, a partir de las cuales se podrían dictar las sentencias, según informaron fuentes intervinientes en el proceso.
En su alegato, el ministerio público, representado por los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García, coincidió con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al solicitar una condena de 25 años de prisión para el comandante general de Gendarmería Domingo José Issler, por considerarlo autor de la privación ilegítima de la libertad de nueve militantes de Ligas Agrarias en la Agrupación Mesopotamia Sur de esa fuerza, donde se desempañaba como jefe.
Asimismo, ambas partes coincidieron en requerir una condena de 6 años de prisión con arresto efectivo para el coronel Canteros, como partícipe necesario de la desaparición del militante Raúl Figueredo (foto), quien permanece desaparecido tras ser secuestrado en su casa de la localidad correntina de Alvear, en 1977.
Y mientras los fiscales pidieron cinco años de prisión para los militares Arrillaga, Medrano Caro, Plazaola y Añaños, los abogados de Derechos Humanos Daniel Domínguez Henaín y Manuel Brest Enjuanes solicitaron que sean condenados a 6 años de prisión.
En tanto, hubo acuerdo en torno a requerir la absolución del ex gendarme López Fierro, por insuficiencia probatoria.
“Es un juicio en el que se trata de esclarecer una desaparición, pero ocurrida hace casi 40 años y en el marco de una acumulación de dos causas decretada recién en marzo, por lo que son atendibles algunos planteos realizados por el fiscal Ferrini tanto como Domínguez Henaín”, dijo a Télam el abogado Manuel Brest Enjuanes.
Es que en su alegato, el fiscal Ferrini señaló “la esquizofrenia del sistema penal vigente”, debido a la modalidad de acusación en juicio de una causa en la que no tuvo participación durante la investigación y en la cual fueron notables las ausencias de prueba.
En tanto que Domínguez Henaín se refirió a la obligación de ajustarse a la ley penal vigente al momento de los hechos, incluso la más benigna, y a no poder aplicar lo que en este momento se considera una presunción de muerte como lo es la desaparición del militante Raúl Figueredo, razón por la que sólo se pudo pedir 6 años de prisión para Canteros, quien fue considerado partícipe necesario de la privación ilegítima de su libertad.
Además, las partes subrayaron la carencia de elementos que justifiquen las acusaciones de agravantes a la privación ilegítima de la libertad, tales como violaciones y otros apremios ilegales, lo mismo que la aplicación de tormentos, lo que determinó montos bajos de condena, solicitados sobre la base de las figuras penales señaladas.
