El 6 de mayo derogó por medio del decreto 656 un decreto del año pasado que reglamentaba la ley de inteligencia sancionada en febrero de 2015 que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso del dinero de la AFI.
La excepción eran los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia que si bien se mantenían reservados, debían quedar registrados con documentación que lo respalde.
El diario La Nación advirtió que “todos los recursos volvieron a ser confidenciales, desde los gastos en tareas de seguimiento y vigilancia hasta la compra de resmas de papel y café”.
“Los fondos de la Agencia, con un presupuesto de $ 1450 millones para 2016, se convirtieron, al menos en potencia, en una caja negra”, señala el periodista Gabriel Sued.
“Reclamamos al Presidente que revea la decisión y al Congreso que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado”, advirtió un documento de Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, según informa el matutino.
“[Pero] la vuelta a un sistema regido por el secreto sólo favorece que sus recursos puedan ser nuevamente volcados a fines ajenos a la institución, ilegítimos, ilegales y contrarios al régimen democrático al que aspiramos”, agrega el texto de Iccsi, firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed).
Allegados a la nueva conducción de la AFI, que encabezan Gustavo Arribas (director) y Silvia Majdalani (subdirectora), argumentaron a La Nación que el decreto formativo de la nueva agencia había “desnaturalizado” la ley de inteligencia, dado que había establecido la publicidad de determinados gastos vinculados a la actividad propia de la AFI, “que no es otra que la de inteligencia la que, por disposición de la ley, es clasificada”.
Agregaron que “en relación con la ejecución presupuestaria, se creaba una incógnita respecto de los organismos que debían ejercer su control cuando la ley es clara al asignarle exclusiva incumbencia a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”.
Aseguraron además que “se está trabajando en el establecimiento de un procedimiento para la adecuada rendición de los gastos reservados y conservación de su documentación respaldatoria”.
Sin embargo, la distinción que se hacía en el decreto del 2015 sobre los distintos fondos es bastante clara. Los fondos públicos eran “aquellos destinados a solventar erogaciones ordinarias que realiza el sistema nacional de inteligencia para cumplir sus actividades, cuyo objeto no debe permanecer secreto”. Los fondos reservados, por su parte, son los “necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicación pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior”.
A las quejas del Iccsi se sumó el 18 de mayo un reclamo dirigido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Memoria Activa, ante quienes el Estado nacional se comprometió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus responsabilidades en el atentado de la AMIA a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia”.
