La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, recibió durante 2016 unas 1.800 denuncias remitidas por el Programa Nacional de Rescate, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, encargado de administrar el centro de llamadas.
“El número de denuncias recibidas por este medio aumentó exponencialmente en el último año, y creemos que buena parte de ello obedeció a la más eficaz difusión que el Estado Nacional está haciendo de ella. Ahora presente en varios y diversos (por temática y horario) programas televisivos y radiales. A lo que se suma su difusión en la gráfica: diarios, revistas; y otros lugares sensibles”, sostuvieron desde la Procuraduría especializada.
De ese total, el 75 por ciento fue derivado inmediatamente a los organismos con competencia penal para su investigación: fiscalías penales de competencia local o federal en todo el país. Además, 131 denuncias fueron archivadas; 31 dieron lugar al inicio de investigaciones preliminares en Protex, dado que comprendían casos de connivencia o complicidad de altos funcionarios públicos y/o daban cuenta de la existencia de una red, y a otros 313 casos se les dio tratamiento de emergencia (extrema urgencia) derivándoselos directamente desde el mismo Ministerio de Justicia a las fuerzas de seguridad federales para su judicialización inmediata, con seguimiento del equipo de la Protex.
“El posible carácter anónimo de la denuncia ha garantizado el inicio de un alto porcentaje de casos de trata que involucran funcionarios públicos como cómplices o encubridores de las maniobras delictivas (aproximadamente un 10 por ciento)”, destacó la Procuraduría.
Por su parte, el documento también da cuenta que durante 2016 se iniciaron 293 investigaciones preliminares de presuntos casos de trata de personas. Más de 30 de ellas comenzaron a través de llamados efectuados a la línea 145, mientras que 262 provinieron de organismos públicos y/organizaciones civiles (Ministerio de Seguridad de la Nación, Fundaciones, Consulados, Dirección de Asistencia a la Víctima del GCBA, entre otros).
Talleres textiles clandestinos
También, se encontraron 162 locales que no contaban con habilitación para funcionar y con anomalías tales como la coexistencia de un taller de costura y una vivienda, numerosas y graves faltas de seguridad e higiene, y/o trabajadores identificados y no registrados. Sobre ese total, el 61% de los inmuebles fueron clausurados.
Esto se desprende del informe que elaboró Protex el año pasado sobre los procedimientos que se llevaron a cabo en domicilios de la CABA, en los que se sospechaba que funcionaban factorías de la industria textil.
Otro dato relevante, según el informe de Protex, es que de todos los trabajadores encontrados en los talleres, 365 son extranjeros mientras que 68 son argentinos.
Finalmente, destacaron el trabajo articulado que vienen realizando junto a otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los fines de realizar un análisis más completo de esta problemática y poder abordarla desde todas sus planos (el social, el laboral y el migratorio). De esta manera, el objetivo también es brindar “una respuesta más eficaz en la que participen no sólo los encargados de la sanción del delito, sino también aquellos que cuentan con la facultad de asistir a las víctimas que son rescatadas de los lugares de explotación”.
Aumento en las colaboraciones
El relevamiento, a su vez, da cuenta de 167 expedientes vinculados a la colaboración brindada por la procuraduría especializada, ya sea en la etapa de investigación como en la litigación de casos ya judicializados a lo largo de todo el país. Un 71% corresponde a la etapa de instrucción mientras que un 29% a la etapa oral.
Entre los casos más relevantes en los cuales prestaron colaboración directa se encuentran: el pedido de procesamiento de un intendente involucrado en una red de trata de personas con fines de explotación en La Pampa; la condena que se logró el año pasado en el juicio contra una banda que explotaba mujeres en el prostíbulo Sheik, ubicado en la ciudad de Ushuaia; la desarticulación de una red de trata que funcionaba en la ciudad correntina de Paso de los Libres en el que la connivencia judicial y de las fuerzas de seguridad (miembros activos y pasivos) cumplieron un rol central en la protección de dicha actividad prostibularia que finalmente se interrumpió luego de varios años de garantizada impunidad; y la elevación a juicio de una causa en la cual el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay está acusado de ser cómplice de una red de trata de personas que explotaba mujeres en el prostíbulo denominado “Good Night”.
“Tomando como referencia los números de 2015, las colaboraciones se incrementaron en un 21% en 2016”, detalla el texto.
Búsqueda de Personas
Como parte de un trabajo iniciado en el año 2013, coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT), en el año 2016 se han producido 152 identificaciones de cadáveres que habían sido inhumados como NN, y se han comunicado estos hallazgos a familiares de los occisos y/o a los organismos judiciales que tuvieron intervención.
