La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
La medida suspende por el término de la duración de la emergencia el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.
Según el Instituto Nacional del indígena, hay 1.532 comunidades originarias identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, aunque sólo el 30 por ciento ha sido censado. Ahora, en los cuatro años de prórroga, se espera que el censo termine y se avance en los juicios de usucapion y en la definición y legalización de los títulos de propiedad.
El debate del proyecto fue abierto por el presidente de la comisión de Legislación Laboral, Daniel Lipovetzky, quien destacó el consenso logrado en el Congreso, que permitió "emitir dictamen favorable de las tres comisiones por unanimidad" y resaltó que los derechos de los pueblos originarios "están consagrados por la Constitución
Nacional". Asimismo señaló que la extensión de esta ley es fundamental porque "aun quedan por relevar el 30 por ciento de las tierras" de los pueblos originarios y agregó: "Esperamos que ésta sea la última prórroga que voten porque lo que necesitamos es que los pueblos originarios puedan tener certeza de las tierras que tienen".
En tanto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, señaló: "Esperamos que esta prórroga se trate con seriedad para que finalmente se reconozcan los derechos de los pueblos originarios"
En tanto, el diputado Juan Cabandie dijo que "es muy importante la unanimidad lograda por los bloques" porque es "un reconocimiento a los distintos pueblos originarios", al tiempo que pidió al Gobierno que "reglamente en forma rápida para que no haya ninguna topadora que vaya en contra de las tierras de los pueblos originarios".
En tanto, la legisladora del Movimiento Evita, Silvia Horne, aseguró que la 26160 "es una ley de tierra comunitaria para cumplir con el mandato constitucional" y subrayó que "es sólo un paso hacia el Estado pluricultural que todos y todas queremos".
Desde la izquierda, el diputado del Partido Obrero Pablo López señaló que "la prórroga de esta ley es una conquista de los pueblos originarios que se han movilizado en todo el país por su derecho a la tierra y por la prórroga de la ley que los protege contra los desalojos".
