La conclusión está contenida en un informe sobre el asesinato que el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) difundió ayer en Tegucigalpa, distribuyó en el exterior y del que El Universal tiene copia.
El GAIPE es una instancia independiente creada por la familia de Cáceres, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, para investigar el asesinato de la activista hondureña, ocurrido en la madrugada del 3 de marzo de 2016 en Honduras.
La hondureña, lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, murió a balazos en su casa del suroccidental departamento hondureño de Intibucá. En esa época, Cáceres encabezó un movimiento popular para oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de DESA en el occidente de Honduras, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas.
De manera reiterada ante los frecuentes cuestionamientos en su contra, la compañía DESA rechazó estar involucrada en la muerte de la activista. El gobierno de Honduras también desmintió tener responsabilidad en ese hecho.
Sin embargo, GAIPE aseguró en un documento que entregó a este diario que analizó más de 50 gigabytes de información sobre el crimen de Cáceres que están en poder del Ministerio Público de Honduras, así como numerosos testimonios y prueba documental, y que determinó que la Fiscalía General de ese país “cuenta con información conclusiva para llegar a los responsables intelectuales” del asesinato.
Entre otros hallazgos, el informe reveló que “se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato”.
“A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato”, subrayó.
“Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, el Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación. El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión”, denunció.
El reporte “evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”, aseguró. La prueba, añadió, es parte del documento “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de 40 mil páginas de registros telefónicos, chats, mensajes de texto, estudios de sistemas de posicionamiento global y correos extraídos de algunos teléfonos celulares incautados en la investigación penal.
El plan para asesinar a la mujer se inició en noviembre del 2015 pero la información obtenida con los registros telefónicos “permite asegurar” que hubo un fallido intento de asesinato durante a inicios de febrero del 2016, aseveró.
