A partir del jueves venidero, el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital comenzará a juzgar a Galeano por las dos causas que se ventilarán unificadas, y en las que también están acusados el ex presidente Carlos Menem y el entonces titular de la Side, Hugo Anzorreguy.
Entre los trece imputados por haber participado de una u otra manera en las maniobras para fraguar y ocultar pruebas sobre el ataque que costó la vida de 85 personas están además el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; el ex jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y el reducidor de autos Carlos Telleldín.
A Galeano se le imputan decenas de delitos para la concreción de la orden presidencial de desviar la pesquisa de la llamada “pista siria” y por el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses con el fin de mostrar un logro en el segundo aniversario de la explosión de la bomba.
En el 2004, tras liberar a cuatro policías falsamente acusados, la justicia anuló el juicio, apartó a Galeano de la causa y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, que lo destituyó tras un jury de enjuiciamiento, hace ahora diez años.
En la causa por la orden presidencial de alejar la investigación del empresario de origen sirio libanés Alberto Kanoore Edul, el ex juez está acusado de suspender las escuchas, destruir las desgravaciones, extraviar los cassettes y de realizar allanamientos de modo que carecieran de validez.
Galeano está imputado por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violación de medios de prueba, y si se suman las penalidades, tal como pidió el fallecido fiscal Alberto Nisman, el primer juez encargado de investigar el atentado podría terminar con una condena de prisión efectiva.
En la otra causa por pagar el falso testimonio al acusado de entregar –sin saber su destino- la Trafic en que se había colocado el explosivo, Galeano está imputado de prevaricato, consistente en dictar resoluciones fundados en hechos cuya falsedad le constaba.
También enfrenta cargos por peculado y cuatro privaciones ilegales de la libertad contra los policías falsamente acusados, maniobras para las cuales contó con la complicidad de los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, que también fueron destituidos y estarán en el banquillo de los acusados.
Para Nisman, el tercer fiscal de aquel equipo que sobrevivió a la anulación del proceso y quedó al frente de la investigación, el plan de la Casa Rosada fue “proteger, encubrir y proveer impunidad” al amigo de la familia presidencial, cuya relación con el agregado cultural iraní Moshe Rabbani, sospechado desde un primer momento como organizador del atentado, se incrementó en los días previos.
Galeano enfrenta el juicio con una creciente presencia mediática y en la últimas semanas, con la asesoría de un grupo de comunicación que en algún momento fue contratado por Nisman y antes por la Amia, fue reporteado por un canal de televisión abierta, un diario y dos revistas.
Alli se presentó como una víctima del tribunal que anuló el juicio; de Nisman y del jefe operativo de los agentes de la Side, Antonio “Jaime” Stiuso, quien según Galeano pidió al jefe de la UFI Amia que no apelara la nulidad porque –según dijo- “no quería investigar a la Bonaerense".
Aun no se sabe qué duración tendrá este juicio en el que declararán 140 testigos, empezando por los familiares de las victimas que ya han expresado sus expectativas favorables a que los culpables del encubrimiento sean condenados.
