"Exigimos una actitud correspondiente por parte del gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto hasta llegar al cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama", dijo el guerrillero Carlos Antón Losada en el inicio de un nuevo ciclo de diálogos de paz en La Habana.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron prolongar el alto el fuego unilateral sin aclarar por cuánto tiempo, pero denunciaron una serie de "agresiones a una guerrilla en tregua" durante los 30 días siguientes a su anuncio.
"Lo más sensato por parte del gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia", subrayó Losada.
Según denunciaron, durante el mes de cese de hostilidades se produjeron dos bombardeos contra unidades guerrilleras en el departamento del Putumayo, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos suspendió estos ataques en respuesta al alto el fuego de las FARC.
También apuntaron a una serie de operaciones terrestres que se saldaron con una guerrillera capturada y dos muertas en Antioquia, un asalto aéreo a una unidad del Caquetá en la que murió un guerrillero y tres están desaparecidos, además de fumigaciones aéreas sobre diversos frentes de esos dos departamentos.
"Mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita en la construcción de acuerdos en la mesa", indicó Losada.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, confirmó que el papa Francisco propuso un "observador" del Vaticano en las negociaciones de paz.
"Se trata de un 'acompañante' del proceso", precisó Castro Quiroga, quien añadió que "esta es la forma en la que el Papa puede apoyar el proceso de paz colombiano".
En tanto, en su anuncio de hoy las FARC insistieron en que es "consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles", aunque precisaron que ante esas agresiones "las unidades guerrilleras están en el derecho a responder apelando a la legítima defensa".
La guerrilla se refirió a unos "informes recientes", cuya fuente no especificó, según los cuáles en los seis primeros meses de este año fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente.
Para las FARC, estos datos muestran que hay una "política sistemática" de perseguir, encarcelar y silenciar a dirigentes sociales, y llamaron la atención sobre el ascenso del paramilitarismo en Colombia y una "ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia".
