Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estima que esta realidad constituye una verdadera tragedia nacional.
En agosto de 2014, el Gobierno admitió que 22 mil 611 personas fueron denunciadas como desaparecidas o calificadas como “no localizadas”, y en marzo pasado esa cifra se elevó a 25 mil 821.
Del total, más de 40% son denuncias hechas durante el actual mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el resto en el gobierno de Felipe Calderón, de Acción Nacional (PAN), quien dirigió el país del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Las estadísticas oficiales indican que 72% de los desaparecidos son hombres; 59% en edad laboral y 25 menores de edad, afirman las fuentes.
Los datos ofrecidos por el Rnped se nutren de las denuncias ante las dependencias del Ministerio Público por autoridades gubernamentales y de la población, y lleva a las estadísticas sólo a las personas aún sin localizar.
Por esta razón, organizaciones civiles mexicanas opinan que los datos revelados carecen de confiabilidad y podrían encubrir centenas de desapariciones.
Los estados con los más altos índices de desaparición son Tamaulipas, con cinco mil 479, Jalisco, dos mil 248, el Estado de México con dos mil 74 y Nuevo León con dos mil 21.
A inicios de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que muchas de las denuncias en gran parte del territorio mexicano podrían calificarse como desapariciones forzadas.
En este caso está la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que estuvieron involucrados policías municipales.
Esos hechos dejaron un saldo de al menos siete personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y 27 heridos.
Desde ese momento, los padres de los estudiantes exigen su regreso, aunque es improbable que estén vivos, mientras el Gobierno se resiste a informar la verdad de los hechos.
