A lo largo de 2015, Humala se vio jaqueado sobre todo -pero no exclusivamente- por la suerte de su esposa, Nadine Heredia, que además es la presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) que ambos cofundaron 10 años antes.
Heredia fue puesta bajo investigación por el Ministerio Público y el Congreso, luego de que tomaran estado público varias denuncias por corrupción y lavado de activos.
Algunas de esas denuncias la vinculan con el protagonista de otro resonante escándalo, el empresario Martín Belaúnde, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006 y está preso tras haber sido extraditado desde Bolivia, adonde había fugado.
En Perú está muy extendida la creencia en que la primera dama ejerce un papel muy influyente en el gobierno de su esposo, por lo que su situación traccionó hacia abajo la imagen positiva de Humala del mismo modo en que lo había hecho en sentido contrario durante los primeros años del mandato.
Ante las denuncias, Humala asumió una cerrada defensa de su esposa que contrastó notablemente con el caso de su segundo vicepresidente, Omar Chehade, al que exhortó públicamente a renunciar -cosa que finalmente hizo- a poco de haber asumido, cuando se reveló que había incurrido en tráfico de influencia al facilitar una reunión entre funcionarios policiales y ejecutivos de un grupo empresario.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, renunció en octubre, dos días antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra bajo la acusación de haber impuesto una "mordaza" a la procuradora especial para delitos de lavado de activos, Julia Príncipe, destituida ese mismo día por haber hecho declaraciones públicas sobre la situación de Heredia sin pedir autorización.
Esos hechos tuvieron lugar horas después de que la vicepresidenta Marisol Espinoza renunciara al PNP gobernante y a su bancada legislativa. Esta semana, por primera vez, explicó que el caso de Heredia fue "un factor determinante" de su decisión, además de que "tenía" información de que iba a ser expulsada del partido.
Con la oposición, el momento de mayor tensión se produjo el 30 de marzo, cuando el Congreso unicameral con holgada mayoría -72 votos contra 42- y por primera vez en más de 51 años, sancionó un voto de censura al gabinete que encabezaba la primera ministra Ana Jara, a quien se responsabilizó por una red de espionaje ilegal a políticos, empresarios y periodistas, revelada a principios de año por la prensa.
Mientras tanto, el crecimiento de la economía se desaceleró a 2,4 por ciento, la inflación superará la meta de 3 por ciento planteada por el Banco Central -que debió vender más dólares para evitar una mayor devaluación de la moneda local-, las cuentas fiscales volvieron a ser deficitarias y se observa un aumento sostenido de la deuda total, especialmente la privada, describió el economista Carlos Parodi en su blog.
Paralelamente, Perú ya vive el clima previo a las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se efectuará en abril de 2016 y el probable balotaje, en junio.
A fin de año, la intención de voto es encabezada por la populista de derecha Keiko Fujimori, con 33 por ciento, seguida por el ex primer ministro liberal Pedro Pablo Kuczynski, con 16 por ciento, y el empresario y ex gobernador también liberal César Acuña, con 13 por ciento.
En los dos procesos electorales anteriores, los candidatos con mayor intención de voto cuatro meses antes de los comicios (Lourdes Flores en 2006 y Alejandro Toledo en 2011) no alcanzaron el balotaje.
Sin embargo, el politólogo Alfredo Torres sostiene que, dado que Fujimori encabeza la intención de voto desde hace dos años, el caso actual se parece más al de 2001, "en el sentido de que hay una favorita que lidera por amplio margen y una pugna intensa por el segundo lugar".
