Néstor Busso, representante de FARCO, presentó ante la jueza Mirta Fillipuzzi un amparo y un pedido de medida cautelar considerando que los decretos desplegados por Mauricio Macri para transferir las facultades del AFSCA al ministerio de Comuniciones son “violatorios de la Ley, de la Constitución Nacional y de tratados internacionales”.
El escrito, de 62 páginas, elaborado por especialistas en derecho de las comunicaciones, tiene el patrocinio local del abogado Juan Carlos Chirinos, quien dijo esperar “una respuesta rápida de la justicia porque hay urgencia en resolver este verdadero atropello contra una institución organizada bajo formas de participación esencialmente democráticas”.
Otros integrantes del CoFeCa se preparaban este lunes a realizar presentaciones análogas en otros puntos del país, al considerar que sus facultades “han sido vulneradas y tomadas de hecho por la intervención”.
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es un órgano creado por la Ley 26.522 para colaborar con la AFSCA en el diseño de la política pública de comunicación y tiene una composición plural y federal que incluye a representantes de medios comunitarios y privados, sindicatos de trabajadores de la comunicación, universidades nacionales, pueblos originarios, gestoras de derechos, todos los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
La sede de la AFSCA continuaba esta mañana cercada por la policía, pero se permitió entrar al interventor Agustín Garzón, designado por Oscar “El Milico” Aguad, ministro de Comunicaciones.
Garzón ejercerá un unicato para desarticular al directorio de 7 miembros que dicta la ley: 3 en representación del Poder Ejecutivo y la mayoría o primera minoría parlamentaria, 2 en representación de las minorías parlamentarias del Congreso Nacional y 2 por el CoFeCa, incluyendo entre estos últimos a uno designado por las Universidades.
Según explicó Busso, con las medidas unilaterales de Macri y Aguad, “se desconoce que la Ley de Medios establece que el CoFeCa tiene la facultad de remover al directorio en caso de incumplimiento de sus funciones, y si la intervención se fundamenta en ese supuesto incumplimiento debió hacerse la denuncia ante el mismo CoFeCa”.
Un amparo similar al de Busso fue presentado la semana pasada por el desplazado titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien por ley tenía mandato hasta el 2017. Ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 8 de Capital Federal, el ex funcionario pidió la nulidad del decreto de intervención del organismo al fundamentar que “es ilegal, anticonstitucional y violatorio de la ley”.
