Los camaristas hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal. El intendente había llegado a decir que los prostíbulos eran “un lugar de esparcimiento para jóvenes".
El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, que había dicho que los prostíbulos eran “un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros” volvió a estar procesado por trata. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó los sobreseimientos que pesaban contra él y contra el policía Carlos Alanis en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.
Ambos están acusados de ser cómplices de una red que explotaba mujeres en “Good Night”, un prostíbulo ubicado en la entrada de Lonquimay a la vera de la ruta 5. Rogers, jefe comunal del pueblo de 1500 habitantes, había hecho declaraciones públicas en contra del cierre del local. Pero además había aprobado la habilitación del lugar como “servicios de salones de baile”. También había firmado las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, que incluían estudios ginecológicos y de HIV.
El fallo que se dio a conocer la semana pasada lleva la firma de Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. Después de varios reveses judiciales, los camaristas hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal Alejandro Cantaro.
“Se encuentra acreditada prima facie la relación de connivencia entre el dueño del local donde las mujeres eran sometidas a la explotación sexual y las autoridades policiales y el intendente de la localidad de Lonquimay”, señalan los camaristas en el fallo, al que tuvo acceso Infojus Noticias.
El mayo del año pasado, ambos imputados habían sido procesados. Sin embargo, seis meses después la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión. En esa línea, el fiscal Cantaro y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense que luego fue mantenido por el fiscal de Cámara, Raúl Plee.
Ahora, para el máximo tribunal penal federal declaró la nulidad del pronunciamiento dictado por la Cámara Federal de Bahía Blanca por considerarlo “arbitrario”. “Se ciñó en formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento ni profundizar en la valoraciones de los mismos”, señalaron los camaristas. El fallo de Borinsky, Gemignani y Hornos fundamenta el procesamiento en los compromisos internacionales que asumió Argentina en materia de trata de personas y la necesidad de profundizar los hechos investigados.
En La Pampa, Rogers no es el único jefe comunal investigado por el delito de trata. "La Chicha Show" en Macachín; "El Rancho" en Colonia 25 de Mayo y "El delfín" en General Acha son tres prostíbulos detrás de los cuales están las firmas de intendentes investigados: Jorge Cabak, Elena García y David "Sapito" Bravo. Rogers fue relecto en las últimas elecciones. Es el tercer mandato que encara la intendencia de la localidad ubicada a 60 kilómetros de Santa Rosa.
La causa por Good Night
El recorrido del expediente judicial comenzó hace cinco años a partir de distintas denuncias. Todas confluían en el prostíbulo “Good Night”. En julio de 2009 el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, había pedido la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del local. Lo investigaba por presuntas irregularidades. Sospechaba que allí había víctimas de trata. Para sorpresa del policía, en las escuchas aparecieron dos nombres: el del subcomisario Alanis y el del intendente Rogers.
En septiembre de 2009, una joven santiagueña que había llegado a La Pampa por una oferta laboral, denunció que había sido secuestrada en “Good Night” y era víctima de explotación sexual. La mujer había logrado irse del lugar después de pagar por gastos de comida e higiene.
En octubre de ese año apareció otra acusación: una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, relató ante la justicia provincial cómo el subcomisario Alanis era cómplice de distintos delitos vinculados al proxenetismo. La misma mujer agregó que el policía tenía una relación estrecha con el intendente Rogers y con Fernández, dueño del local en cuestión.
Después de estas tres denuncias, el 28 de octubre de 2009 se hizo un allanamiento en el local nocturno. La policía encontró tres mujeres salteñas, víctimas de trata, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases”, como se nombra en la jerga al acto de pagar para tener relaciones sexuales.
Fernández se quedaba con el 50% de la ganancia y las mujeres no podían salir del lugar ni disponer de la totalidad del dinero ganado. Una de ellas declaró que estando enferma recibió asistencia ni medicamentos. “Vos tenés que hacer plata”, le respondió el dueño en esa oportunidad.
