Cuando el lunes pasado sonó su teléfono celular, Mabel Montero iba en un auto rumbo al Pozo de Vargas. Aunque no lo supiera, estaba yendo a encontrarse con su esposo: del otro lado de la línea le avisaban que el cuerpo de Juan Manuel Olivera, secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuarenta años antes, había sido identificado entre las pilas de huesos sin nombre que fueron exhumados en ese centro clandestino de detención de Tucumán.
“Cuando sonó el teléfono, pensé que me pedirían que contenga o acompañe a algún familiar. No imaginé que esta vuelta Dios se había acordado de mí”, contó Mabel, una de las referentes de la organización Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Tucumán, al diario local La Gaceta.
Juan Manuel Olivera era un hombre ocupado. Tenía dos hijos con Mabel, estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán y tenía dos empleos, uno estatal y el otro en la empresa Xerox, fundada hace más de setenta años cuando el norteamericano Chester Carlson inventó la xerografía, que no es otra cosa que la duplicación de la información en papel.
Mabel siempre sospechó de la empresa. “Siempre le echo la culpa a la empresa. Porque se lo llevaron cuando salió a hacer un depósito. Nunca supieron contestarme si hizo o no el trámite. Como era muchísimo dinero, quisieron decir que sus compañeros se lo llevaron o que él se fue con la plata. Ahora está la prueba de que no fue así”, dijo la dirigente.
Antes de la confirmación definitiva de su asesinato, Mabel tuvo que esperar treinta y seis años para tener una noticia de su marido.
Se había desvanecido después de salir de la empresa para hacer un encargo. Hasta el año 2010, cuando llegó a la etapa oral el primer juicio por la represión ilegal en la provincia y se sentó a declarar frente a los jueces Juan Carlos “el Perro” Clemente, un antiguo militante de la Juventud Peronista que había trabajado para la policía.
Frente al tribunal, Clemente relató que después de un recorrido por centros de detención como Nueva Baviera o la propia Jefatura, en los que fue golpeado y torturado, fueron aflojando su régimen de detención y le permitieron salir a lavar los autos de la playa de estacionamiento.
Empezó a intercambiar información –la ubicación de dos barriles enterrados que tenían armas, por ejemplo– para mejorar la detención de su compañera. En un momento, el coronel González Naya le dijo que lo iban a dejar dormir en su casa.
Lo contrataron para hacer esquemas y organigramas. Después, contó que un asesor de apellido Ocaranza estaba encargado de desmantelar la oficina de Confidenciales donde había información de la represión ilegal.
Clemente declaró que se llevó parte de esa documentación cuando supo que sería sacada, pensando en que algún día iba a ser de utilidad. Parte de esos papeles los presentó en ese expediente, y a Mabel le cambiaría la vida. Era una lista de víctimas que habían pasado por la Jefatura de Policía, donde se había torturado salvajemente a los detenidos políticos.
En el renglón 173 estaba escrito Juan Manuel Olivera junto a las dos letras “DF”, que significaban el horror: destino final o disposición final.
El Pozo de Vargas es una fosa común de 40 metros de profundidad y tres de diámetro a sesenta cuadras de la Casita de Tucumán, en un predio de la familia Vargas sobre Francisco de Aguirre al 4.500, donde la justicia federal ya ha identificado a 48 desaparecidos. Todos los lunes se extraen restos del Pozo, que luego –cuando se logra– son cotejados con las muestras de sangre de familiares de desaparecidos por el reputado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Mabel, que remarcó la necesidad de que sigan los juicios por delitos de lesa humanidad que se reanudaron hace más de una década, tiene un peso menos sobre la espalda.“Juan Manuel Olivera dejó de ser un desaparecido para ser una prueba fehaciente del horror”.
