“Durante los últimos dos años, el gobierno ha aplicado reducciones drásticas al presupuesto del INA, una institución cuyo objetivo principal es realizar un proceso de reforma agraria en Honduras”, señaló Ramón Antonio Bulnes, presidente del Sindicato, afiliado a la UITA.
Según el directivo, entre 2014 y 2016 el presupuesto sufrió una reducción de 165 millones de lempiras (7,8 millones de dólares).
“Nos deben casi 4 años de pago de vacaciones y cada mes nos ha tocado movilizarnos para exigir el pago de nuestros salarios, porque a mediados del año pasado el presupuesto de la institución ya se había agotado”, explicó Bulnes.
Por si fuera poco, el dirigente sindical recordó que el Convenio Colectivo venció hace 5 años, y que nunca se pudo llegar a un acuerdo para firmar las 8 cláusulas restantes “en virtud que no existe voluntad política para atender las principales demandas de los trabajadores, y se pretende desmejorar los derechos laborales adquiridos”, dijo.
Durante el proceso de negociación, el Sitraina denunció repetidamente la estrategia dilatoria y persecutoria de las autoridades de aquel entonces, que llegaron al extremo de suspender de manera ilegal y arbitraria la deducción de la cuota sindical, condicionar y hasta prohibir los permisos sindicales, así como de suspender a decenas de trabajadores sin goce de salario.
Escalada generalizada contra el movimiento popular y sindical
Lo que está ocurriendo al Sitraina no es ajeno a un plan mucho más articulado contra el movimiento social, popular y sindical hondureño.
“Buena parte de los sindicatos públicos que han manifestado su posición en defensa de los derechos laborales, sindicales y humanos han sido brutalmente atacados. Primero suspenden a los trabajadores hasta por 4 meses y, al regresar, les notifican el despido”, explicó Ramón Bulnes.
Además, están desconociendo lo que establece el convenio colectivo al momento de hacer el cálculo de las prestaciones sociales, y quieren obligar a los trabajadores a aceptar pagos a un plazo de 5 años.
Todo eso en un contexto de supuesta reingeniería del sector público, que responde a los dictámenes impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual el gobierno hondureño firmó un acuerdo en diciembre de 2014 para lograr el saneamiento de la finanza pública.
Una crisis que ha llevado a Honduras al borde de la bancarrota económica y con una credibilidad institucional por el suelo, como producto del golpe de Estado cívico-militar de 2009 y los innumerables casos de corrupción que han sacudido el entero aparato estatal.
Sin embargo, para el actual gobierno “sanear las finanzas” quiere decir “reducir el gasto público”. Eso se traduce en golpear con más fuerza a los sectores más vulnerables de la población, mientras se infla de manera desmedida el presupuesto de Ejército, Policía y demás cuerpos represivos del Estado.
En este contexto de “reingeniería del sector público”, en diciembre pasado las autoridades del INA anunciaron la depuración del 50 por ciento de la totalidad de empleados, a fin de recuperarse financieramente.
“Es evidente que quieren asfixiarnos, diezmarnos y, finalmente, destruirnos. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, en particular a la UITA, para que esté atenta a lo que pueda pasar en las próximas semanas”, alertó Bulnes.
El presidente del Sitraina dijo también que, próximamente, se conformará una Plataforma de Sindicatos Públicos para así hacerle frente, con mayor coordinación y fuerza, a la embestida gubernamental.
