Rousseff aseguró que el juicio político en su contra, que han presentado el Congreso y la derecha para vincularla al caso de corrupción de la estatal Petrobras, carece de una base legal y así defendió su legitimidad para seguir en el cargo.
En esta línea hizo saber que ser blanco de ese proceso de golpes que sus opositores buscan generar en Brasil, se define totalmente en contraposición a los puntos que han marcado la "trayectoria democrática" del país sudamericano.
Si hacen eso contra mí, ¿qué no harán contra el pueblo…Los que quieren interrumpir un cargo elegido legítimamente serán responsables de retrasar el crecimiento económico?", advirtió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
En esta línea acusó a los impulsores del juicio político de obstaculizar el proceso del crecimiento económico y la generación de empleos en Brasil, y afirmó que la coyuntura política que vive su país en la actualidad está vinculada a la recesión económica.
Estos hechos se produjeron después de que la mandataria brasileña perdiera su principal partido aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se declaró el martes “independiente” de la alianza política con Rousseff, lo que acerca más a la presidenta brasileña a la destitución.
Pese a la partida del PMDB, Rousseff reunió el mismo miércoles a movimientos sociales sin la presencia del vicepresidente, Michel Temer –de ese partido–, para demostrar que podrá llenar el vacío que ya existe en su Gobierno.
En un acto similar, la dignataria denunció el viernes el proceso de destitución que emprende el Congreso en su contra, evaluándolo otra vez como un golpe contra la democracia.
El 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, con 433 votos a favor y 1 en contra, la creación de una comisión especial para analizar una petición de destitución de Rousseff por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
