Con la presencia del fiscal federal Nicolás Czizik, este jueves se realizó una inspección judicial en dos campos situados a la altura del camino “El Chajá” de la ruta 226, en la ciudad de Mar del Plata. Los lugares habían sido allanados días atrás y se encontraron nueve personas, todas de nacionalidad boliviana. Un matrimonio y su hijo quedaron detenidos acusados del delito de trata con fines de explotación laboral, y su situación procesal se resolverá en los próximos días.
El procedimiento, pedido por el MPF y ordenado por el juez Santiago Inchausti, permitió conocer los sectores de cosecha y también las viviendas donde residen las víctimas. En precarias casas de material y techos de chapa, viven las siete personas que se encontraban este jueves en el lugar.
En uno de los campos, dos hermanos de 19 y 21 años; en el otro un hombre, una pareja con dos hijos, y otra pareja con tres niños a cargo. El baño, ubicado al lado de las casitas, es común para los cinco adultos y cinco menores de edad: no cuenta con agua caliente y la ducha funciona a través de un aparato eléctrico calentador de agua. La conexión de cables, a la vista, se muestra precaria e insegura.
Trabajadores y trabajadoras manifestaron cobrar su sueldo a porcentaje: esto es un 25% por bulto o cajón, aunque el precio se define cuando el dueño del campo lleva lo cosechado al Mercado Central.
“Si no sacamos nada, no ganamos nada”, dijo uno de ellos. Tampoco, refirieron tener horario fijo de trabajo: si es época de cosecha, la jornada puede extenderse 12 horas o más. Ninguno de ellos estaba registrado ante los organismos correspondientes, lo que implica la falta de acceso a jubilación, obra social y demás beneficios sociales.
Del recorrido, participaron profesionales de la Fiscalía General Federal, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y el Centro de Protección de Derechos de las Víctimas (CPV), con la intención de garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas y el ejercicio de sus derechos sociales, que implica también el acceso a una mejor situación habitacional. La inspección estuvo acompañada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina.
