El cuarto juicio que se realizaba en la provincia, había recibido guiños hacia una suspensión la semana pasada luego de que las defensas de los acusados presentaran recursos de queja ante la Cámara de Casación Penal que, finalmente, determinó la suspensión del juicio hasta la resolución de la cuestión de fondo, lo que preocupa entre víctimas y querellantes. El lunes se realizó una audiencia.
Los recursos de queja planteaban la necesidad de conformar un nuevo tribunal para juzgar a los acusados ya que – según los planteos de los abogados – los integrantes del mismo habían formado parte del ERP (sin detalle en escritos) y además se constituían como querellantes en otras causas de lesa humanidad, además de integrar organizaciones de derechos humanos. En síntesis, el tribunal está integrado por la jueza Alicia Noli, junto a Juan María Ramos Padilla y José María Pérez Villalobos. La causa que, por primera vez, involucra a civiles durante la última dictadura militar en Santiago, lleva retrasada 14 años y por primera vez la participación de cómplices por fuera del accionar militar se sentaba en el banquillo.
Las dos personas procesadas que fueron noticia en las últimas horas: Fiorini, que falleció a los 92 años en el Hospital Militar de Buenos Aires y Liendo Roca, que a los 80 años falleció en su casa en Santiago junto a su familia, mantenían problemas de salud desde el inicio de las audiencias lo que motivó a que los mismos no estuvieran presentes físicamente, pero si lo hicieran a través de videoconferencias. Hubo una excepción cuando Liendo Roca se presentó en una de las audiencias previas al paso de los testigos para su indagatoria.
Desde sus inicios, el juicio sufrió embates mediáticos de parte de medios como La Nación en su editorial sobre “justicia militante”, a la vez que fue cuestionado públicamente por el concejal del PRO en Santiago, Rodrigo Posse quién también afirmó que “nunca reivindicaría ningún desaparecido” lo que despertó el repudio en organismos de Derechos Humanos. La campaña, también se extendió en redes sociales y tuvo momentos de desborde cuando, ayer, la hija de Jorge D’Amico (ex jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 y ex agente de inteligencia durante la democracia), realizó una batería de publicaciones donde calificaba de “asesinos” a víctimas, querellantes, jueces y a la representante del Ministerio Público Fiscal, Indiana Garzón. Anteriormente, por primera vez en forma explícita, se pudo ver en las audiencias la presencia llamativa de familiares y distintas personas que se acercaban a apoyar a los 14 imputados en la causa.
El abogado Miguel Ángel Torres, defensor de D’Amico fue uno de los que se refirió al fallecimiento de Liendo Roca y Fiorini, en Radio Universidad, calificando a la Megacausa como “un mamarracho”, afirmando que los mismos no estaban en condiciones de afrontar el juicio por su salud y cuestiono la falta de imparcialidad de los jueces del tribunal. Consultado acerca de los antecedentes de los otros jueces, los que integran Casación, como Juan Carlos Gemignani (denunciado por privación de la libertad) y Gustavo Hornos (hijo de un ex militar y con antecedentes en suspensión de juicios de lesa humanidad), Torres expresó, “no te puedo hablar” por no conocer los pormenores del caso y sobre Hornos dijo “no tengo idea si era familiar de un militar o no”.
Este deterioro en la salud de Liendo Roca y Fiorini, planteada por Torres, se agravó en los últimos 14 años, que fue el tiempo de dilatación procesal que tuvo el juicio, luego de distintas objeciones y recursos judiciales esgrimidos desde las defensas. En total, se presentaron 55 recursos judiciales para dilatar la causa. “Ellos están buscando la impunidad biológica y lograr que en definitiva no exista juicio. Que no se hable o no se ponga en cuestión el rol de cada uno en la historia reciente de la dictadura, ni de sus responsabilidades penales” dijo Pedro Orieta, uno de los abogados querellantes a Página/12 sobre esta situación.
Todavía se está aguardando por una resolución de fondo de parte de la Cámara de Casación respecto a la continuidad del juicio. Susana Habra, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, afirmó en declaraciones que "el juicio no puede estar suspendido por más de diez días hábiles. Si Casación no resuelve la cuestión de fondo dentro de ese plazo, el juicio cae igual".
No es la primera vez que un civil fallece sin condena en Santiago. Durante julio de este año, ya había tenido lugar el fallecimiento de un miembro de la iglesia que había participado activamente en la última dictadura, como fue el caso del ex capellán militar Carlos Luis Marozzi, quién había sido procesado por delitos de lesa humanidad pero murió sin una condena en un juicio.
*Por, Nicolás Adet Larcher (APU)
