El intendente de ese distrito, Francisco Echarren desacuerda al igual que muchos de los vecinos con esta iniciativa. No descarta presentarse a la Justicia para impedirlo.
El intendente de la localidad bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, afirmó que “hará todo lo que esté a su alcance” para impedir la construcción de la cárcel en un predio de Sevigné, en el partido de Dolores, y a tan solo 13 kilómetros del ejido urbano que el conduce.
Se trata de un complejo penitenciario similar al de General Alvear, de considerables dimensiones, con capacidad para 1.500 o 2.000 internos, y con posibilidad de que se instalen distintas unidades internas de mínima, mediana y máxima seguridad, de acuerdo a estándares internacionales, según han indicado fuentes del Ministerio de Justicia de la Provincia.
En declaraciones a FM Del Este, el jefe comunal castellense sostuvo que “está demostrado que la instalación de un penal cambia totalmente la conformación social del lugar en que se instala” por lo cual consideró que “no se puede hipotecar la seguridad de una ciudad a cambio de 40 o 50 puestos de trabajo”.
Recordó que por estas razones años atrás rechazó la propuesta que le hizo Ricardo Casal, entonces Ministro de Seguridad y Justicia. Sin embargo, no pudo impedir luego que el municipio de Dolores cediera unas 55 hectáreas a la Provincia con el fin de construir esta cárcel, acentuando las diferencias públicas que el alcalde de Castelli mantiene con su par dolorense, Camilo Etchevarren.
En tal sentido, aseguró que le preocupa la gente de Dolores y de Castelli y remarcó que la construcción se proyecta ejecutar de manera aledaña al jardín de infantes de Sevigné.
Francisco Echarren contó en las declaraciones radiales que se entrevistará con las autoridades provinciales a los efectos de transmitirle su preocupación y argumentar que el lugar no responde a los estándares de seguridad que debe ofrecer un complejo de tales características. De ser necesario se presentará a la Justicia.
Vale mencionar que hasta el predio en cuestión ya llegaron arquitectos y especialistas de Justicia y dieron su aval para avanzar, según indicó la prensa provincial. No obstante, se calculan dos años de construcción.
