Nos queda claro, luego de diez meses de gestión, que el gobierno aplica políticas neoliberales signadas por la lógica empresarial de la mano de sus CEOS-funcionarios.
Vienen transfiriendo recursos desde los más pobres a los más ricos y achicando el Estado para dejar todo en manos del Mercado (quita de retenciones, devaluación, cierre de paritarias, tarifazos, cierre de programas de inclusión, miles de despidos en organismos estatales, etc.).
Los cierto es que el Estado, en manos de Cambiemos, ya no es garante de derechos. Tenemos un gobierno que prioriza los intereses de las corporaciones y transforma cada área de intervención estatal, en una oportunidad de negocios para el sector privado.
Pero ¿Qué pasa con la Salud Mental en la Argentina? A poco de andar pudimos constatar que, lamentablemente, éste tema tampoco escapa a la aplastante lógica neoliberal.
En el año 2010 se sancionó La Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Esta norma, vino a dar respuestas a viejos y profundos problemas de la Salud Mental, vinculados al sistema manicomial, a la psiquiatrización, a la medicalización y a la salud en manos de empresas privadas. Operó sobre el encierro, el abandono, estigmatización y exclusión social de los enfermos; sobre la reducción de los padecimientos a problemas orgánicos medicables; y sobre la inequidad en el acceso a servicios de salud mental.
En ese sentido, la Ley vigente, prohíbe la creación de nuevos manicomios y limita las plazas de los mismos; exige la adecuación de los Servicios de Salud Mental existentes; restringe las internaciones involuntarias, los plazos de internación, y las inhabilitaciones; promueve la creación de dispositivos alternativos para facilitar las externaciones, con inclusión socio-laboral y comunitaria; y plantea un abordaje interdisciplinario.
Sin embargo, este año el gobierno nacional -mediante una Resolución Ministerial n°1003/2016)-, dejó sin efecto una Resolución anterior -la N°1484/2015- que establecía las Normas Mínimas para la Habilitación de Establecimiento y Servicios de Salud Mental y Adicciones. De esta manera, al apuntar contra núcleo de las transformaciones establecidas en la Ley de Salud Mental como lo es la adecuación de los servicios de salud existentes, paraliza la plena implementación de la Ley Nacional.
La lectura de la Resolución n° 1003, permite ver con nitidez qué intereses se pusieron en juego, y para qué lado se inclinó la balanza. En otras palabras, el gobierno nacional entre el reclamo por las supuestas dificultades económicas de empresas de salud para adecuarse a la ley, y el derecho de los pacientes a una atención de calidad, una vida digna e integrada a la sociedad, decidió priorizar los intereses de las empresas privadas. Una vez más, optó por defender a quienes buscan pura y exclusivamente la rentabilidad.
Es más que evidente que la respuesta a nuestra pregunta inicial es que para este gobierno lo que importa son los negocios, que todo es un negocio, incluso la locura.
*Por Centro de Formación Política. Frente Transversal-Ate. Brown: Darío, Elías, Mariela y Roxana
