El movimiento BDS contra el régimen israelí fue lanzado hace una década por militantes palestinos y existe en distintas versiones, más resueltas y tajantes o más blandas y permisivas con el régimen de Tel Aviv.
Este proyecto de ley, bautizado como ‘Ley Contra el Boicot a Israel’ (S.720), fue introducido en el Senado de Estados Unidos el mes de marzo y, además de la pena de cárcel, propone también una multa mínima de 250.000 dólares, que podría llegar a alcanzar un máximo de 1 millón de dólares.
El proyecto de ley S.720, conforme aseguran fuentes citadas por The Intercept, fue redactado con la asistencia del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés) y goza del amplio apoyo de este ente proisraelí.
Esta ley castigará a individuos por la única razón de expresar sus creencias políticas sobre Israel y sus políticas. Proyectos de ley de este tipo ponen condiciones inconstitucionales sobre el ejercicio de los derechos constitucionales”, se lee en un comunicado difundido por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
De hecho, en la página Web del AIPAC se identifica a la legislación ‘Ley Contra el Boicot a Israel’ como una de las principales prioridades de este comité proisraelí y para la misma el AIPAC hará uso de todos los recursos a su alcance para facilitar su entrada en vigor.
Se cree que en estos momentos, de acuerdo con The Intercept, al menos 43 legisladores apoyan esta ley proisraelí en el Senado de EE.UU., mientras que en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos también un proyecto de ley similar goza del apoyo de 234 representantes.
Ya varias organizaciones pro derechos humanos han criticado la medida y han advertido de que EE.UU., al adoptar esta ley, estaría imponiendo restricciones a la libertad de expresión de sus propios ciudadanos para complacer a un actor externo, es decir, al régimen de Tel Aviv.
“Esta ley castigará a individuos por la única razón de expresar sus creencias políticas sobre Israel y sus políticas. Proyectos de ley de este tipo ponen condiciones inconstitucionales sobre el ejercicio de los derechos constitucionales”, se lee en un comunicado difundido por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
