La organización de docentes abandonó su postura conciliadora con la ministra de Educación, Julia Keleher, al entablar una demanda judicial al gobierno, tras la firma por el mandatario Ricardo Rosselló de la reforma educativa aprobada por la Asamblea Legislativa.
La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz (foto) afirmó que el nuevo estatuto, además de atentar contra los derechos de los docentes, sino que violenta el artículo de la Constitución del Estado Libre Asociado que prohíbe emplear fondos públicos para mantener escuelas privadas.
Este argumento provocó la declaración de inconstitucional en 1994 por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de un programa de vales educativos impuesto por el entonces gobernador Pedro Rosselló, que la administración de su hijo Rosselló Nevares revivió ahora en esta reforma educativa.
'Este nuevo modelo educativo significa una gran transformación y estábamos seguros que tendríamos oposición de algunos sectores que resisten esos cambios que tanto necesitamos', afirmó el ministro de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés.
Subrayó que 'defenderemos la propuesta del gobernador Rosselló Nevares en los foros pertinentes para hacer realidad la reforma educativa'.
La nueva Ley 85 de 2018 hace posible que planteles públicos pasen a ser administrados por entes privados, además de modificar diversos aspectos del Ministerio de Educación, como los procesos administrativos de recursos humanos.
Díaz explicó que la Asociación de Maestros acudió a los tribunales con el claro convencimiento de que la llamada reforma educativa representa la institucionalización de diversos sistemas de enseñanza que chocan con el principio de la educación pública y el derecho incuestionable de que el Estado garantice su acceso gratuito.
La AMPR, que tiene la representación exclusivo del magisterio puertorriqueño ante el Estado, advirtió que siempre defenderá la escuela pública y el patrimonio constitucional de un sistema de enseñanza libre y no sectario.
Otros grupos de docentes y directores escolares, como el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) ha mantenido una postura de choque directo contra la reforma, por lo que ha anticipado al gobierno que no cesará en su lucha contra las escuelas charter y el cierre de planteles.
'La última palabra todavía no se ha dicho en este asunto', dijo a Prensa Latina en San Juan la portavoz de Educamos, una de las organizaciones de Fadep.
Anticipó que Educamos, junto a la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Educadores Puertorriqueños en Acción, Organización Nacional de Directores de Escuela y la Organización de Directores y Administradores Escolares se mantendrán en pie de lucha hasta conseguir revertir este proceso.
