“Martínez me consultó a través de mails si podía venir a declarar y como me ofrecieron como testigo me vi en la obligación de venir”, señaló Zaffaroni ante el tribunal.
“Durante los años del golpe creo que ni siquiera visité la provincia, una sola vez hice escala para ir a Jujuy y me llamó la atención que el avión fue rodeado por militares que no nos dejaron pasar y nos hicieron bajar, pero no tengo conocimiento particular sobre lo sucedía en aquella época con la justicia federal de Tucumán, luego me enteré por los medios de comunicación”, agregó.
En su charla con la prensa, explicó: “no sé qué es exactamente lo que el ex magistrado esperaba que aporte con mi declaración”.
La declaración del ex ministro de la Corte fue muy breve ya que ninguna de las partes le formuló preguntas al testigo, en este sentido Pablo Gargiulo abogado querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, indicó “había un testigo muy importante convocado para que preste declaración y esperábamos que la defensa formule algunas preguntas, ya que el imputado Martínez en su declaración hace una alusión directa al Dr. Zaffaroni”.
“Sin embargo, no quisieron preguntar, hubo especie de discrepancia entre la fiscalía y la defensa en torno a quién debía preguntar primero y, ante la ausencia de preguntas el tribunal decidió liberar al Dr. Zaffaroni de su deber como testigo”, finalizó el querellante.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán comenzó a juzgar el jueves pasado al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por encubrir el homicidio de cinco militantes montoneros durante la última dictadura cívico militar.
Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.
También se le imputan los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano (fallecido) y por haber sido miembro de una asociación ilícita, delito que, al igual que los otros que se le endilgan, se califica como de lesa humanidad.
El juicio se extenderá en principio poco más de un mes, según estimaron fuentes judiciales, y la próxima audiencia tendrá lugar el martes 7 de abril a las 15.
