La orden de detención fue anunciada el pasado 3 de septiembre a las autoridades de Control de Fronteras de Sudáfrica y fue confirmada el martes por el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el régimen de Tel Aviv.
De acuerdo con BDS, el exjefe del estado mayor del ejército israelí Gabi Ashkenzi; el exjefe de los servicios secretos militares Amos Yadlin; el exvicecomandante de las fuerzas navales Eliezer Maron; y el exjefe de inteligencia de la fuerza aérea Avishai Levi, serán arrestados si entran en el país africano.
Esa decisión fue tomada como consecuencia del caso legal de cuatro años de Gadija Davids, periodista sudafricana que había estado a bordo del buque Mavi Marmara, durante el asalto israelí en 2010 que dejó nueve ciudadanos turcos muertos y decenas de heridos.
Además la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Sudáfrica envió informes sobre las órdenes de arresto a Interpol de Turquía, con el fin de que los comandantes fueran extraditados a Sudáfrica para su enjuiciamiento en caso de que entraran en Turquía.
El ataque contra un buque que pretendía ofrecer asistencia humanitaria a los desheredados en la Franja de Gaza conmocionó a la comunidad internacional, en particular a los turcos y palestinos, que no olvidan a los activistas masacrados por el régimen de Tel Aviv.
El pasado domingo la Audiencia nacional de España emitió órdenes de arresto contra el primer ministro del régimen de Tel Aviv, Benyamin Netanyahu, y otros siete funcionarios israelíes, entre ellos el exministro israelí de asuntos militares, Ehud Barak, el excanciller israelí Avigdor Lieberman, por el mismo caso. La medida de España ha provocado la indignación de ese régimen al calificarla como una “provocación”.
En mayo de 2014 también un tribunal de Estambul, ciudad turca, emitió órdenes de arresto contra los cuatro comandantes israelíes y pidió la colaboración de Interpol para llevar a cabo la orden contra todos los militares israelíes involucrados en la masacre del Mavi Mármara.
Además, el pasado 16 de julio, la Corte Penal Internacional (CPI) pidió la reapertura de la investigación sobre el asalto israelí contra el Mavi Marmara, aunque países como España archivaron el caso.
En 2007, el régimen de Tel Aviv impuso un cerco a Gaza, que, hasta el momento, ha aislado al territorio del mundo exterior, y ha provocado una crisis económica y humanitaria en este enclave densamente poblado.
