La violencia vivida en el Perú entre esos años dejó miles de personas desaparecidas y no se cuenta con información de la cantidad exacta, señala la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), publicada este domingo en el diario oficial El Peruano.
El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, es un derecho autónomo y constitucional, considerando que éste se fundamenta en la dignidad del hombre y en los principios del Estado democrático de derecho.
Si bien a la fecha se ha logrado ubicar, recuperar, identificar y entregar restos mortales de un grupo de personas desaparecidas a sus respectivos familiares, todavía queda mucho por hacer.
El Minjus informó que mediante la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000 (Ley 30470) se dispuso priorizar el enfoque humanitario que tiene por finalidad una atención centrada en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de respuesta a los familiares, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos.
