La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo una presentación en Asuntos Internos y en la Fiscalía N 8 Descentralizada de Madariaga, y advirtió que uno de los policías involucrados ya tiene varias causas iniciadas en el Partido de La Costa por golpes, detenciones y causas armadas.
En el último año, se profundizaron las prácticas sistemáticas de torturas, detenciones arbitrarias e ilegales y hostigamiento contra los jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Casos así ocurren a diario, recientemente sucedió en General Madariaga: 30 oficiales golpearon brutalmente a cinco jóvenes en la vía pública, los llevaron detenidos y en la comisaría siguieron pegándoles; uno de ellos, terminó hospitalizado con una fractura de rodilla. Las torturas sólo se detuvieron cuando llegó la madre de uno de los jóvenes, que también sufrió maltrato y agresiones por parte del comisario Gabriel Silvestro.
Luego de recuperar la libertad, las víctimas denunciaron a los policías que intervinieron por lesiones; según relataron, ellos volvían de una fiesta cuando fueron abordados por un móvil policial con dos mujeres oficiales que, sin razón alguna, llamaron a la Comisaría para solicitar refuerzos. En ese momento, llegaron otros seis patrulleros y unos 30 policías que comenzaron a increpar y agredir con bastones y golpes puño a los jóvenes. Ya esposados y en el suelo, siguieron pegándole patadas.
Producto de las torturas recibidas, uno de los jóvenes tuvo que ser directamente trasladado al hospital con una fractura en la rodilla. El resto de los compañeros fueron alojados en la comisaría de Madariaga donde continuaron las torturas.
La departamental de Madariaga está a cargo del comisario Gabriel Silvestro y el subcomisario Roberto Ferreyra; en la denuncia realizada en la Fiscalía N 8 Descentralizada de Madariaga, ambos oficiales están identificados por los ataques contra los jóvenes. Ferreyra, a su vez, estaría investigado en otros casos similares ocurridos en el partido de La Costa.
Al tomar conocimiento de los hechos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una presentación en Asuntos Internos para que se evalúe el accionar de la policía y se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables. Asimismo, solicitó a la fiscalía interviniente un informe de todo lo actuado y reclamó la aplicación de la resolución 1390 para garantizar que la investigación sea asumida por el Ministerio Público sin intervención de la policía bonaerense.
La gravedad del caso, obliga a avanzar en la investigación y condena de estos hechos. Pero, como viene señalando la CPM, es indispensable encarar una transformación estructural de las políticas de seguridad que consolidan un sistema penal selectivo que persigue a los sectores más vulnerables de la sociedad: los jóvenes pobres. Estas políticas, lejos de solucionar el problema de la inseguridad, generaron más violencia y más violaciones a los derechos humanos.
En los últimos años, las denuncias de violencia institucional crecieron exponencialmente; los jóvenes son las principales víctimas de estas prácticas ilegales de las policías: persecución, hostigamiento, torturas, detenciones arbitrarias. Todo esto ha sido constatado en las inspecciones institucionales que la CPM realiza en lugares de encierro: la detención ilegal de niños, niñas y adolescentes es una práctica reiterada.
Así lo acreditó, por ejemplo, un fallo del juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, que pone en evidencia la detención ilegal de niños y exige a la policía abstenerse de continuar con las detenciones arbitrarias a menores de 18 años en las localidades de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz. El ejercicio de estas prácticas en los territorios es la condición de posibilidad para los hechos de torturas, gatillo fácil y otras graves violaciones de derechos humanos.
En el marco de ese fallo, la CPM realizó una serie de encuentros contra la violencia policial para transmitir los alcances de la sentencia y generar espacios entre los jóvenes para la apropiación de herramientas para la defensa de sus derechos y el respeto de las garantías constitucionales. Esa misma experiencia fue replicada en distintos lugares de la provincia a lo largo de todo el año.
Además de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz, el organismo intervino en otros casos de violencia policial ocurridos en Rojas, partido de La Costa, Mar del Plata, Morón, Lomas de Zamora, Quilmes, Lincoln, La Plata, entre tantas otras localidades. Las denuncias relevadas por la CPM dan cuenta de la extensión de estas prácticas en todo el territorio bonaerense. Prevenir y condenar los hechos de torturas y proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad del Estado y obliga a tomar medidas urgentes que reviertan esta situación.
