El intendente del barrio privado San Benito, Félix Dufourq, dirigió los trabajos. En noviembre de 2015, el Gobierno de la Provincia había informado que ni siquiera el muelle construido hace dos años está autorizado.
¿Todo está permitido para los countries náuticos de la empresa EIDICO que desde la década del ’90 destruyen humedales, enterratorios aborígenes y calles públicas? Cambian los gobiernos, pero la impunidad se fortalece.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive dentro del Complejo Villa Nueva. El actual vicepresidente de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Sánchez Sorondo, sería familiar de Gonzalo Sánchez Sorondo, abogado de EIDICO.
La pretensión de privatizar el tramo final del Canal Villanueva viene de hace años. En julio de 2014 los barrios privados San Benito, San Marco y Santa Catalina intentaron cerrar este curso de agua, pero las denuncias realizadas en ese tiempo frenaron la obra.
Sin embargo, dejaron construido un muelle ‘cruzado’ desde San Benito invadiendo la costa pública de la calle Brasil, ya que su intención era atravesarlo hasta la orilla de la residencia del empresario Arístides de Marzi, en frente de Punta Querandí y del barrio privado Santa Catalina.
La obra fue pagada por propietarios de San Marco, San Benito y Santa Catalina, éste último en jurisdicción de Tigre y donde uno de los vecinos es el titular de ANSES Tigre, Segundo Cernadas (PRO), quien hace pocos días renunció a su banca de concejal.
Además de las presentaciones ante la Dirección de Hidraúlica de la Provincia realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha, hubo denuncias en Prefectura de Dique Luján y el vecino Carlos Arrambide (quien vive en calle Brasil y Arroyo Garín) inició acciones en el Juzgado Federal de Campana.
En enero de 2016, avanzaron un pasito más: pusieron todos los postes atravesando el Canal Villanueva y un cartel en el muelle: “Propiedad privada, anúnciese en la guardia”, con un logo de Prefectura que resultó ser trucho.
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Sigue la impunidad: los countries pretenden cerrar el acceso al Canal Villanueva
En febrero de este año hicimos una caravana náutica para protestar por la privatización de esta vía navegable que se conecta con el río Luján y todo el Delta.
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En julio de 2016, recibimos un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Provincia donde se confirma que no sólo no contaban con autorizaciones para construir una barrera: ni siquiera el muelle tiene permiso.
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“Dicho proyecto no prevé la construcción del muelle que se observa en las fotos, por lo que se inició el trámite previsto en la Resolución 229/02 (Procedimiento para el Tratamiento, Prevención y Resolución de las Obras no Autorizadas), que tramita en la Autoridad del Agua por Expte. 2436-6713/2014”, informaban desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires al Defensor del Pueblo, en noviembre de 2015.
Hay que decir que estos atropellos que no son recientes
¿Quién los autorizó a extender el Canal Villanueva a fines de los ’90 cortando la calle Brasil que unía la ruta 26 y la ruta 27?
¿Quién los autorizó para extender este curso de agua por segunda vez en el 2009 demoliendo el “camino de la vía muerta” (terraplén del Ramal 56 del Ferrocarril Mitre) del cuál no tenían la escrituración?
Las autoridades de Tigre, Escobar, Provincia de Buenos Aires y de Nación, ¿son todas cómplices?
