A más de seis meses desde que se cerrara el servicio de la Hemeroteca Pública Municipal de General Puerreydón, la preocupación por su destino ya abarca a un gran abanico de organismos y vecinos de la región.
Está emplazada en Villa Mitre, en cuyo edificio no están dadas las condiciones físicas y funcionales para asegurar el normal desenvolvimiento del área, así como la correcta conservación del material.
Allí había funcionado hasta 2013, momento en que se cerró por estos mismos motivos. Su regreso a este lugar, sin acompañamiento del financiamiento necesario dio pie a la campaña “Necesitamos un edificio para la Hemeroteca”, llevada adelante por la asociación Amigos de la Hemeroteca.
La iniciativa cuenta con el apoyo de diferentes entidades marplatenses y nacionales, tales como la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, la UCIP, la Biblioteca Nacional, el Sindicato de Prensa, la Universidad Atlántida Argentina, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo, el Colectivo Faro de la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.
Asimismo, se sumó preocupación de la Unesco, la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Días atrás, en un encuentro con los Amigos de la Hemeroteca, el Consejero de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la Unesco, Guilherme Canela, manifestó su voluntad de contribuir hacia una solución.
En tanto, desde la Asociación Amigos, al considerar “agotada la vía administrativa sin ningún resultado a la vista”, se iniciaron recientemente acciones judiciales, con asesoramiento de la Defensoría del Pueblo.
Según informó 0223, la presentación recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 a cargo de Simón Francisco Isacch, al que se le aportó una gran cantidad de documentación y fotos con el fin de acreditar el estado actual de las colecciones de diarios que forman parte de la memoria histórica de Mar del Plata.
De esta forma, se busca que la justicia determine la figura legal más adecuada para proteger el patrimonio documental y garantizar el acceso a la información pública.
