La máxima instancia judicial fue sede de la mesa de negociación entre las autoridades de los tres poderes del Estado con los representantes convencionales del pueblo Ayoreo y sus líderes. Los tres puntos principales de diálogo incluyeron la protección de los derechos de propiedad y posesión del territorio ancestral Ayoreo que hoy en día se encuentra bajo dominio privado, y la situación de las familias en aislamiento que el Estado debe proteger en su vida e integridad física.
Mientras que los otros dos puntos comprendieron la protección del derecho a la salud de los Ayoreo y la elaboración de un protocolo para casos de avistamiento de familias de esta comunidad que se encuentran en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
Esta iniciativa fue acompañada por la Representación Permanente de la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay, que, además de facilitar los acuerdos que vienen siendo resueltos por las partes, aceptó brindar su cooperación para el proceso de contratación de un servicio de consultoría de apoyo a la gestión estatal para establecer las medidas que resulten las más idóneas para hacer efectivos los derechos de las personas y el territorio del pueblo Ayoreo.
La CIDH asistió también a este diálogo de alto nivel en el ámbito nacional, a través de la intervención mediante teleconferencia de su especialista principal para asuntos de Paraguay, la doctora María Claudia Pulido, afirmando así esta experiencia innovadora de cooperación entre el Sistema Interamericano y el Sistema Universal para alcanzar a través de un Acuerdo de Solución Amistosa el reconocimiento de derechos indígenas en el ámbito de un Estado parte.
En este sentido, fue resuelto establecer el plazo de un año para brindar solución a la problemática del pueblo Ayoreo, con el acompañamiento de la coordinadora residente de la ONU en nuestro país, Cecilia Ugaz, y en carácter de veedora por la CIDH de la doctora Pulido.
Cabe destacar que el pueblo Ayoreo Totobiegosode es el último grupo en aislamiento voluntario en el Chaco y actualmente se está tratando de alcanzar un acuerdo de solución amistosa. La mesa interinstitucional está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, específicamente de la Vicepresidencia de la República, por la Comisión para la implementación y el cumplimiento de las medidas internacionales (CICSI), la Cancillería nacional, el Parlamento, la Corte, representada por la ministra Alicia Pucheta y la Dirección de Derechos Humanos.
