Desde la prisión, Carlos Zannini ha difundido un comunicado en el cual pregunta si alguien puede explicarle “en derecho” la causa por la cual está encarcelado.
Es posible encontrar una respuesta política al interrogante, pero “en derecho” no la hay. Jurídicamente, la detención no tiene justificación. Las acusaciones de traición a la patria sumadas al encubrimiento de los imputados por el atentado a la AMIA son absolutamente inconsistentes. Motivadas por el memorándum que intentaba la firma de un tratado para indagar en Irán a los funcionarios denunciados por la justicia argentina, el proyecto nunca llegó a perfeccionarse por la falta de ratificación del país al cual los querellantes señalaban como beneficiario de ese acuerdo. Pero, aunque se hubiera concretado, podría controvertirse a lo sumo en utilidad diplomática o procesal. Nunca, convertirlo en un delito.
Si así fuera tendrían que estar procesados y encarcelados los 131 diputados y los 39 senadores que posibilitaron la ratificaron por el Congreso. Hasta los familiares de las víctimas, la mayoría de los cuales avaló esa gestión, aún sin muchas esperanzas, pero contemplando que podía producir un avance en la investigación.
En el caso particular de Zannini, como él mismo lo indica ningún fiscal pidió lo que el juez decidió, circunstancia que agrava el grado de arbitrariedad que la medida encierra. Pero si pueden encontrarse dos motivaciones políticas. La primera, es el uso del lawfare, esta moderna herramienta por la cual se utiliza una justicia adicta, respaldada por un enorme poder mediático, para perseguir opositores o líderes populares, con un uso aparente de normas legales o construcciones jurisprudenciales.
Si se buscaran sus raíces habría que acudir al decisionismo, cuyo más destacado teórico fue Karl Schmit quien brindó al nazismo, a partir de 1933, una doctrina para justificar todos los actos por los que se prescindía de las garantías del sistema jurídico para desarrollar las políticas del Tercer Reich. No pretendemos calificar como nazismo al macrismo, pero sí señalar que estas variables no andan muy lejos de ese antecedente histórico que nutre los estudios de las normas de excepción en el derecho.
Con esos mecanismos fueron destituidos Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay y recientemente Dilma en Brasil. En estos días se intenta hacer lo mismo con Lula en procesos de parecida arbitrariedad. Y lamentablemente, hay muchos casos más cuya mención excedería el propósito de esta declaración.
Y la segunda es que mientras se instala mediáticamente la idea de un encubrimiento que no tiene ningún indicador de esa figura, se invisibiliza el encubrimiento real de la investigación que es aquel por el cual están procesados el expresidente Menem, el juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia, el comisario Palacios y otros imputados en una causa de difusión deliberadamente silenciada por la prensa. Donde también está acusado Rubén Beraja, presidente de DAIA en el tiempo en que se desvió la investigación del atentado.
Por eso puede explicarse que, para protegerlo y protegerse, las actuales autoridades de DAIA no solo omiten cualquier tipo de pronunciamiento, sino que se han constituido en los más activos impulsores de este diabólico y disparatado procedimiento que entre otros tiene a Zannini como una de sus víctimas.
Esta es la respuesta que, como institución representativa de una parte de la colectividad judía podemos darle a la pregunta de Carlos Zannini.
Por doctor Luis Kon - Comisión Jurídica del Llamamiento Argentino Judío
