'Le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames', afirmó el mandatario la víspera en ceremonia de firma de un Gran Pacto Nacional de Rechazo a la Violencia contra los Líderes Sociales.
Al reflexionar sobre la escalada criminal, Santos admitió que el Estado es responsable de garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y de los grupos y comunidades en riesgo.
Según la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 han sido asesinados en Colombia más de 300 líderes sociales.
El pasado viernes se congregaron cientos de miles de colombianos en las principales plazas de una treintena de ciudades en respuesta a la convocatoria del denominado 'velatón nacional por la vida' y que tuvo alcance también internacional, al reeditarse en una docena de países.
También desde Naciones Unidas, desde la Corte Constitucional y desde el Episcopado de Colombia se han trasmitido mensajes de consternación ante los numerosos hechos violentos contra líderes comunales, campesinos, indígenas y representantes de movimientos políticos.
En opinión de Alberto Brunori, alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Colombia, es preocupante la impunidad que rodea los asesinatos de líderes sociales.
La ausencia de castigo para los victimarios de esos hechos favorece una mayor violencia, ejercida como un medio de control social, alertó Brunori.
