Durante los procedimientos fueron hallados archivos informáticos que vinculan a la ex pareja de la conductora televisiva con una empresa de Uruguay.
Casanello encontró archivos informáticos de Van Oord en los que ejecutivos de esa empresa volcaron datos del Corcho Rodríguez vinculados a Sabrimol Trading, la sociedad uruguaya que Odebrecht reconoció que utilizó para canalizar sus sobornos a funcionarios argentinos.
El hallazgo de esos nuevos datos sumó un nuevo traspié para Rodríguez, quien siempre negó -y aún niega- ser el dueño de Sabrimol, como también todo vínculo con los delitos cometidos por Odebrecht en la Argentina.
El disparador del allanamiento fue el nuevo material que la Justicia contra el crimen organizado uruguaya envió hace dos semanas a la Argentina, que incluyó copias de las partes relevantes de su propia investigación sobre Sabrimol Trading por presunto lavado de activos en ese país.
Durante esa investigación, la Justicia uruguaya citó a indagatoria a los dos rostros visibles de Sabrimol Trading en ese país, Carlos Dentone y Martín Molinolo, como también el legajo de esa sociedad en el Banco Itaú, que vinculó a las empresas Van Oord y Aero Link SA, especializadas en obras de dragado y comercialización de aeronaves, respectivamente.
Los uruguayos aportaron también la copia de un "acta de acuerdo" entre Sabrimol Trading y Van Oord, que por entonces pujaba por ganar la licitación internacional para dragar el Río de la Plata en el área de la isla Martín García. Y en esa acta se explicitó que "es de la esencia de esta contratación que la relación con las más altas autoridades a cargo de la licitación sea atendida en forma personal por el señor Jorge Rodríguez".
La redacción de esa frase encendió las alarmas de los equipos de Casanello y del fiscal Federico Delgado. ¿Quiénes eran las "más altas autoridades" del gobierno a cargo de esa licitación? ¿Acaso el ministro Julio De Vido, o funcionarios de su entorno, como en las obras de Odebrecht? ¿Por qué era "de la esencia" del contrato que Rodríguez actuara como intermediario entre Van Oord y el Gobierno?
Ante la consulta de los medios, desde Van Oord replicaron que la política de la empresa es no proveer información ni responder preguntas "en el caso de procedimientos legales o investigaciones" en marcha. "Por supuesto sí respondemos a las preguntas y pedidos de las autoridades y gobiernos", completó su jefe de Comunicaciones Corporativas, Robert de Bruin, desde Rotterdam.
Por su parte, el abogado defensor del Corcho Rodríguez, Eugenio Blanco, puso en duda la veracidad del "acta acuerdo" aportada por la Justicia uruguaya y descartó cualquier posible irregularidad entre su cliente y la firma holandesa. "No hubo ninguna cosa de mi cliente vinculada a Van Oord", indicó.
Casanello ordenó, sin embargo, el allanamiento de las oficinas en Buenos Aires de Van Oord y de Aero Link SA, de donde se retiraron documentación y computadoras para su peritaje. Pero un análisis preliminar del material arrojó ya los primeros resultados. Entre ellos, archivos -incluido un Excel- de la empresa holandesa que vincula a Sabrimol con Corcho Rodríguez.
Distintos medios intentaron durante los últimos días contactar a los representantes de Van Oord en la Argentina, como también en su casa matriz holandesa, pero no respondieron las llamadas ni los correos electrónicos.
Con ese material en sus manos, Casanello ordenó un análisis de las computadoras secuestradas de Van Oord para, entre otros ejes, revisar los archivos disponibles y recuperar todos aquellos que hayan sido destruidos, pero que aún sean recuperables por los expertos informáticos.
El objetivo del juez es determinar si de esos archivos surgen más datos que, antes de su declaración indagatoria, vinculen al Corcho Rodríguez con Sabrimol Trading, la sociedad uruguaya que Odebrecht ya admitió en Brasil que usó para sobornar a funcionarios argentinos por la construcción de una planta potabilizadora de agua para Aysa en Paraná de las Palmas.
En esa pesquisa, Casanello ya procesó a exfuncionarios de Aysa -entre ellos, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo-, al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y a varios empresarios más, como Aldo Benito Roggio y Tito Biagini, dueño de la constructora Cartellone.
En paralelo, y ante la posible comisión de algún delito de acción pública por Van Oord al contratar al Corcho Rodríguez como intermediario ante "las más altas autoridades a cargo de la licitación" del dragado del Río de la Plata, Casanello extrajo testimonio y lo envió a sorteo, que recayó en su colega Rodolfo Canicoba Corral.
Casanello tomó esa decisión a la luz de las sospechas que arrastra esa licitación internacional desde hace años. En 2012, un embajador uruguayo denunció un "intento de soborno" por parte de operadores argentinos, lo que llevó a un contrapunto diplomático entre ambos países y la apertura de investigaciones penales en Buenos Aires y Montevideo.
El conflicto se centró en el contrato por el que pujaron cuatro empresas: Van Oord Dredging Marine Contractors, Dredging International, Jan de Nul y Boskalis International (Riovia), a cargo del dragado original y que pretendía continuar al frente de la obra. En la Argentina, el juez Claudio Bonadio quedó a cargo de la investigación, que abarcó al exvicecanciller Roberto García Moritán, pero la causa terminó archivada.
