La Cámara del Trabajo ordenó proseguir el trámite de una acción de amparo que pide la nulidad del convenio entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y la empresa que explota los locales de comida Mc Donalds, que prevé la incorporación de 5.000 empleados con un sueldo de 4.500 pesos.
La Sala VI de la Cámara revocó el fallo del juez de primera instancia Fernando Vilarullo, quien, sin tramitarla, había desestimado la demanda y el pedido de una medida de no innovar.
El tribunal confirmó, en cambio, la parte del fallo que rechazó que las diputadas nacionales del Peronismo Para la Victoria Araceli Ferreyra, Lucila de Ponti y Silvia Horne fueran “parte” en la causa, carácter que sí le reconoció al Secretario Nacional de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-de los Trabajadores) Matías Zalduendo.
“Considerando las circunstancias del caso, se impone abrir el debate a la cuestión planteada, escuchando a todas las partes involucradas, incluida la Empresa Arcos Dorados Argentina SA, en su carácter de signataria del Convenio de Cooperación suscrito con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”, sostuvo la Sala VI de la Cámara.
A Zalduendo se le reconoció “legitimación” para actuar porque “reúne las facultades que indica el artículo 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, en tanto se hallan en juego derechos de incidencia colectiva en general y la Asociación que representa propende a los fines de protección del trabajo”.
“Corresponde, por lo tanto, revocar el rechazo in limine (sin sustanciación) de la acción de amparo”, concluyeron los camaristas Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, quienes dispusieron que el expediente pase a otro juez que “ordenará los traslados pertinentes y se pronunciará sobre la medida cautelar peticionada y demás cuestiones planteadas”.
Meses atrás los demandantes, con asesoramiento del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC) habían pedido la “nulidad absoluta e insanable, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad, ordenando la revocación o sustitución” del convenio entre el Ministerio de Trabajo y Arcos Dorados.
Expusieron, entonces, que el convenio “es violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la Constitución Nacional” y advirtieron sobre lo que calificaron como “preocupante tendencia” del Ejecutivo a “aplicar políticas de gobierno que benefician ampliamente a los grandes empresarios y perjudican de forma sistemática a los trabajadores”.
La acción de amparo consignó que el convenio firmado el 13 de mayo último establece que Arcos Dorados Argentina S.A. “que actualmente cuenta con 16.809 trabajadores en relación de dependencia, incorporará a 5.000 nuevos trabajadores bajo la forma de practicantes ‘con posibilidad de progreso’”.
La demanda consignó que “los mismos recibirán una remuneración de 4.500 pesos, siendo ese valor inferior al salario mínimo, vital y móvil y significando una amenaza no sólo al sostenimiento de los puestos laborales ya existentes sino también a la incorporación de trabajadores en relación de dependencia”, destacando que los trabajadores “podrán estar contratados en reiteradas oportunidades” y “no tendrán recibo de sueldo ni se les abonará sueldo anual complementario”.
“Es preciso remarcar que la empresa evade las contribuciones y aportes solidarios a nuestro sistema de Seguridad Social, ya que el Estado no se lo exige en el desarrollo del convenio”, remarcó la acción de amparo que otro juez de primera instancia deberá tramitar conforme el fallo de la Sala VI de la Cámara.
