Al morir el dictador, las élites franquistas fomentaron la ignorancia del pasado y construyeron un marco jurídico para garantizarse la impunidad. Eso convirtió durante muchos años a la dictadura en el crimen perfecto; no existían en la vida pública las víctimas y, de ese modo, tampoco existían los verdugos.
El miedo acumulado durante cuatro décadas y la permanencia de una estructura social originada en una terrible violencia sostuvieron el silencio y la impunidad.
Pero en el año 2000 el nieto de un desaparecido consiguió que se exhumara la fosa de su abuelo, lo identificó mediante una prueba de ADN y así surgió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que inició la búsqueda de las personas desaparecidas.
La justicia española ha sido internacionalmente famosa por perseguir crímenes contra la humanidad a miles de kilómetros; pero para los que fueron cometidos en territorio español, todas sus puertas estaban cerradas. Esa fue la razón por la que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó el 14 de abril de 2010 una querella ante la justicia argentina, buscando la aplicación del principio de justicia universal.
Así se inició la que se conoce en España como "querella argentina contra el franquismo". La jueza María Servini de Cubría asumió el caso y en estos años ha imputado a 17 ex ministros y torturadores franquistas, ha viajado a España para recoger testimonios, ha sorteado los numerosos impedimentos que han puesto a su actuación los gobiernos españoles, ha promovido desde Buenos Aires la exhumación de dos fosas comunes y sigue tomando testimonios por videoconferencia.
Para los familiares de las personas desaparecidas y presas políticas, la querella argentina se ha convertido en la única puerta abierta a la Justicia. María Servini de Cubría ha calificado penalmente estos crímenes, pese a los años transcurridos. Durante décadas la estrategia de las élites españolas ha sido meter todos los crímenes de la dictadura en el saco de la Guerra Civil. Así se justificaban las desapariciones. Pero los lugares en los que en los últimos quince años han sido exhumadas casi 300 fosas comunes, sin ayuda ni participación de la Justicia, no hubo dos ejércitos enfrentados, ni trincheras, ni batallas. Se trató de una operación de limpieza política para hacer desaparecer la Segunda República, el momento en el que la sociedad española, entre 1931 y 1939, tuvo por primera vez una democracia moderna, que protegía socialmente a los ciudadanos y que redactó la primera constitución del mundo que asumía como derecho propio todo lo elaborado por la sociedad internacional en materia de derechos humanos. Casualmente, dos de sus redactores, Luis Jiménez de Asúa y Manuel de Rivacoba, partieron al exilio y pasaron por universidades argentinas.
La causa argentina contra el franquismo es la única en el mundo que trata de esclarecer los crímenes de la dictadura española y sostiene la esperanza de las víctimas de obtener algo que se parezca a la Justicia, después de tantos años y de tanto abandono por parte de los gobiernos españoles. Las familias de decenas de miles de víctimas se han convertido en víctimas con derechos. Su delito para los franquistas fue no haber colaborado con el golpe de Estado de uno de los grandes aliados de Hitler y Mussolini, el general Franco, alumno aventajado y maestro de los grandes violadores de derechos humanos en la historia de la humanidad. Muchos descendientes han muerto. Eso significa que la deuda con las víctimas no dejará de crecer hasta que obtengan justicia.
*Por Emilio Silva
*Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto del primer desaparecido de la dictadura franquista identificado por una prueba de ADN.
