El PSD, que tuvo que abandonar el poder acusado de corrupción hace un año luego de un dramático incendio en una discoteca que dejó 64 muertos, lograba ahora 45% de los sufragios.
Los principales adversarios del PSD, el Partido Nacional Liberal (PNL) y la Unión por la Salvación de Rumania (USR) reunían 21 y 9% respectivamente.
“La votación de ahora muestra una opción clara de los rumanos” se congratuló el líder del PSD, Liviu Dragnea, para quien “no hay dudas acerca de quien ha ganado”.
Sostenido por una fuerte base electoral campesina, el PSD se impone luego de una campaña en la que prometió aumentos de salarios y pensiones en este país, donde uno de cada cuatro habitantes vive en la pobreza.
“Los rumanos votaron por el crecimiento económico y por tener más dinero en sus bolsillos, por conseguir empleos mejor remunerados” agregó Dragnea.
El PSD debería además contar con el apoyo del pequeño partido liberal Alde, que según las estimaciones llegaría al 5% de votos, piso para ingresar al Parlamento.
Desde noviembre de 2015, tras la renuncia de Victor Ponta, el país ha estado gobernado por un gabinete técnico encabezado por el excomisario europeo para la Agricultura, Dacian Ciolos.
Las 19.000 mesas de votación –entre ellas 417 en el extranjero– abrieron sus puertas a las 7:00 y cerraron a las 21:00.
En total estuvieron convocados a sufragar 18,8 millones de electores, que designaron 466 diputados y senadores, en un escrutinio proporcional de una sola vuelta.
Miembro de la Unión Europea desde 2007, Rumania recuperó un crecimiento robusto tras un período de breve recesión, pero sigue siendo el segundo país más pobre de los 28.
Cerca de un 15% de la población de 20 millones de personas ha tenido que emigrar para buscar sustento.
Para alentar a los jóvenes a que vayan a votar, el gobierno de tecnócratas ofreció a los estudiantes un pasaje gratis en tren a sus ciudades de origen.
Según la analista Otilia Nutu, “la batalla se jugará entre el riesgo de volver a prácticas corruptas de hace algunos años y la posibilidad de tener un gobierno que acate las reglas del juego”.
La tragedia de la discoteca Colectiv, la noche del 30 de octubre de 2015, fue para la opinión pública como la gota que colmó el vaso.
Prueba del descontento popular con los excesos de la clase política es que la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) es, junto a la Iglesia y el ejército, una las instituciones que más apoyo popular cuenta. El organismo tiene una tasa de condenas del 90% de los procesados.
Miembro de la UE desde 2007, Rumania se comprometió a reformar su sistema judicial y a combatir la corrupción en las altas esferas.
La primera prueba de gran envergadura de la voluntad de la clase política a la hora de respetar las reglas llegará a la hora de formar gobierno.
Según una ley de 2001, cualquier persona que haya sido condenada por la justicia está impedida de ser primer ministro.
Esta disposición afectaría, en caso de victoria al PSD, cuyo presidente, Liviu Dragnea, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por fraude electoral.
El presidente de centroderecha, Klaus Iohannis, puso la barra aún más alta e indicó que va a excluir de la lista de posibles jefes de gobierno a “cualquier persona que tenga líos con la justicia”, aunque no hayan sido condenados, lo que dejaría fuera a Ponta.
