Entre los imputados en esos crímenes cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, hay militares retirados del Ejército, policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), todos retirados (foto). Los delitos se cometieron en perjuicio de 105 víctimas y hay dos casos de sustracción de menores.
En la fecha, el TOF bahiense condenó a perpetua a 21 miembros del Ejército Argentino y policías bonaerenses a la pena de prisión perpetua, mientras que condenó a la pena de 9 años de prisión a 4 miembros del Ejército; a 9 a un ex jefe policial de Neuquén; a 10 años a un ex jefe de la Policía Federal con asiento en Viedma; a 6 años a un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense y a 3 a otro de la misma fuerza.
También fueron condenados a 3 años de prisión un ex jefe de la policía de Cipoletti, mientras que un elemento del Ejército fue absuelto.
La lectura del veredicto de la causa 1/12 -denominada "González Chipont, Julio y otros s/privación ilegal de libertad" a cargo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava comenzó a las 17.45 y se extendió por más de dos horas en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur ubicada en Colón 80 de esa ciudad bonaerense.
Es el cuarto tramo de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca y alrededores.
El Tribunal condenó a perpetua a los tenientes coroneles (RE) Juan Manuel Bayón y Osvaldo Bernardino Páez; a los coroneles (RE) Walter Bartolomé Tejada y Osvaldo Lucio Sierra; al teniente coronel (RE) Guillermo Julio González Chipont; al capitán (RE) Carlos Alberto Ferreyra, a los tenientes coroneles (RE) Pedro Angel Cáceres y Jorge Horacio Granada.
También a los coroneles (RE) Norberto Eduardo Condal y Carlos Alberto Taffarel; al teniente coronel (RE) José Enrique del Pino, a Víctor Raúl Aguirre; al coronel (RE) Jorge Enrique Mansueto Swendsen; al teniente coronel (RE) Alejandro Lawless; a Raúl Artemio Domínguez; a Arsenio Lavayén; a Desiderio Andrés González; a Gabriel Cañicul y a José María Martínez.
A la misma pena fueron condenados los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.
Además, el Tribunal condenó al coronel (RE) Oscar Lorenzo Reinhold a la pena de 14 años; al coronel (RE) Jorge Horacio Rojas, a Miguel Angel Nilos y al teniente coronel (RE) Miguel Angel Chiesa, a la pena de 9 años de prisión, mientras que por la misma fuerza fue absuelto por beneficio de la duda Alberto Magno Nieva, para quien se dispuso la libertad.
Otras penas recayeron en el ex jefe de la policía de Neuquén Osvaldo Antonio Laurella Crippa (9 años); el PFA retirado que se desempeñó en Viedma Osvaldo Vicente Floridia (10 años) y el comisario de Cipoletti Antonio Camarelli (3 años).
También el Tribunal condenó a la pena de 6 años de prisión al agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Héctor Luis Selaya, y a otros 3 a Andrés Reynaldo Miraglia, de la misma fuerza.
En el veredicto además los jueces señalaron que "la totalidad de los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del genocidio sufrido en el país y durante la última dictadura cívica militar".
Además en la resolución del TOF expresó se dispongan las penas "en penales comunes bajo jurisdicciones del Servicio Penitenciario Federal o en prisiones provinciales".
Asimismo, los jueces indicaron en el fallo que se ordene la baja del Ejército Argentino de los oficiales y suboficiales condenados, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de la provincia de Río Negro, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El juicio oral y público había comenzado en octubre del 2016 sobre la responsabilidad de 39 imputados pero por el fallecimiento o razones de salud la cantidad se redujo a 31.
Entre los hechos investigados, se incluyeron los casos de 82 personas secuestradas en el centro clandestino de detención "La Escuelita", 42 casos de homicidio (en 13 de los cuales la víctima permanece desaparecida), y la apropiación de los niños de María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, nacidos durante el cautiverio de sus madres.
