La Guardia Civil de España asegura haber hallado las comunicaciones de la Generalitat con las autoridades del Gobierno chino, según las cuales el Govern pidió en mayo de 2016 un préstamo de 11 000 millones de euros para crear el Banco Central de Cataluña, según han anunciado este sábado los diarios locales El Mundo y El Confidencial.
Siempre segùn las fuerzas represivas españolas las comunicaciones se hallaron en un pen drive del número dos del entonces vicepresidente Oriol Junqueras, Josep Lluís Salvadó, y también fueron dirigidas por un tal “Pere”, al que los investigadores vincularon al actual vicepresidente catalán, Pere Aragonès, señalan los periódicos, citando fuentes de la Guardia Civil.
El informe precisa que, ante la petición de la Generalitat, Pekín buscaba saber si se iba a “declarar unilateralmente la independencia” o si se iba a “negociar con el Gobierno español”.
“A esta solicitud, las autoridades chinas respondieron solicitando información sobre dos aspectos básicos. El primero fue si esos 11 000 millones serían para declarar unilateralmente la independencia y el segundo aspecto por el que preguntaron estaba relacionado con el proceso de creación de un Banco Central de Cataluña”, según las pruebas encontradas.
Por su parte, Puigdemont ha reaccionado a esta información en su cuenta de Twitter, escribiendo, en tono sarcástico, que se intenta por todos los medios relacionar al Govern con la financiación del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Tras la victoria del ‘Sí’ en el citado referéndum, si bien con la abstención casi mayoritaria de los catalanes contrarios a la secesión, y la posterior declaración de independencia de Cataluña de 2017, el Gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, cesó al gobierno autonómico en pleno, en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
El pasado 2 de octubre, el actual presidente catalán, Quim Torra, dio un ultimátum de un mes al Ejecutivo español para que formule una propuesta para aplicar “el derecho de autodeterminación” de Cataluña. Si bien, su advertencia fue rechazada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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