Lo expresaron en un escrito dirigido al presidente Lenín Moreno, y a los responsables de Hidrocarburos, Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Defensoría del Pueblo, que hicieron público hoy frente a un hotel de Quito donde tiene lugar un encuentro anual sobre Energía, Minería y Petróleo.
Precisamente en ese foro el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, anunció hoy de acuerdo a medios locales, que “para evitar conflictos con las comunidades, la Ronda Suroriente solo licitará los bloques 86 y 87, los más cercanos a la frontera con Perú”.
Pero esas declaraciones fueron rechazadas por los dirigentes indígenas que sostienen que en esas áreas se radican miembros de sus comunidades.
Al manifestar su posición respecto al proyecto petrolero, Agustín Tentets, presidente de la Nacionalidad Achuar de Ecuador dijo que los 8.000 miembros de su comunidad asentados en 670.000 hectáreas de bosque amazónico no permitirán la entrada de empresas a sus territorios.
Los responsables de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, anunciaron hoy que habrá movilizaciones contra la política extractiva del Ejecutivo.
Y en la misiva que ha sido remitida también a organismos regionales y responsables de la ONU, indican que en total son 21 los bloques que incluye la ronda petrolera anunciada, con una superficie que abarca 3,6 millones de hectáreas y se sobreponen a los territorios ancestrales de nacionalidades indígenas.
Entre ellas se cuentan la Achauar, Andoa, Kichwa, Sapara, Shiwiar, Shuar y Waorani, y territorios de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane.
Denuncian que en base a la Constitución y a los tratados y convenciones suscritos por Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas “tienen derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar a cualquiera de sus derechos colectivos”.
Rechazan en base al “ejercicio del derecho a la resistencia” toda nueva licitación y señalan que se han vulnerado sus derechos como los de “consulta y de consentimiento previo libre e informado”.
Por ello exigen al Ejecutivo una moratoria de los proyectos extractivos en curso y que se abstenga de ofertar a empresas petroleras los territorios ancestrales de las nacionalidades indígenas.
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