El ex jefe de la fuerza está acusado por ordenar la represión en la que cinco manifestantes fueron asesinados el 20 de diciembre de 2001, en las inmediaciones de la Casa Rosada.
Rubén Santos, el ex jefe de la Policía Federal en el gobierno de Fernando de la Rúa, llegó temprano esta mañana a los tribunales de Comodoro Py. Está acusado por ordenar la represión en la que cinco manifestantes fueron asesinados, el 20 de diciembre de 2001, en las inmediaciones de la Casa Rosada.
Repasando órdenes de servicios y partes informativos, fue esta la tercera audiencia en la que negó su responsabilidad por los asesinatos. Como en la primera, aseguró que actuó “bajo la tutela del poder político (el ministro del Interior Ramón Mestre) y judicial (la jueza María Servini de Cubría)”, instructora de la causa que lo tiene como imputado.
Santos ubicó a la jueza en la sala de Operaciones, la noche del 19; cuando, después de escuchar a Fernando de la Rúa decretar el estado de sitio, la gente salió a las calles del centro porteño con la consigna “que se vayan todos”.
En la audiencia, el ex jefe de la Federal contó que él entonces estaba en el edificio Guardacostas de la Prefectura Naval, junto a los jefes de las otras fuerzas federales. Donde esperaban a Enrique Mathov, con quien ahora comparte el banquillo de los acusados por impartir las órdenes que derivaron en los homicidios de los manifestantes.
Aseguró que a diferencia de los otros jefes de las fuerzas, estaba “inquieto” por lo que veía en el televisor. “Me retiré una vez que vino el secretario”, aseguró. Esa noche la pasó en la jefatura de la Federal.
—¿Hizo saber a su subordinado que las órdenes que se transmitieron tenían origen en el poder político?, le preguntó Marcelo Rocchetti el defensor de Norberto Gaudiero, quien era director de Operaciones en la fuerza que encabezaba Santos y hoy comparte con él el banquillo de los acusados.
La respuesta también tendría impacto sobre la línea de defensa del otro superintendente involucrado en el juicio, Raul Andreozzi (entonces superintendente de Seguridad Metropolitana).
—Sin perjuicio que correspondiese—, empezó Santos. Y agregó: —“No le voy a decir 'me lo dijo mi mamá, hacé tal cosa'. Acá yo transmití la orden”. Antes había explicado que esas órdenes implicaban despejar de manifestantes la plaza de Mayo, detrás de las vallas que separaban la pirámide de la Rosada y hacer “detenciones puntuales”.
—Ese “me lo dijo mi mamá”, ¿Usted lo aplica a la transmisión que le hace Mathov de la orden de Mestre (de alejar a los manifestantes atrás de la valla)? —, consultó Rocchetti y el presidente del tribunal, José Martínez Sobrino, lo interrumpió. Le pidió que respetara la cronología de los hechos para continuar con el interrogatorio.
Las preguntas apuntaban a desandar una de las líneas de la defensa de Santos, que deslinda responsabilidades en sus subordinados, también imputados en este juicio. “Cada superintendente representa a la capacidad de resolución de las problemáticas que se pueden dar; salvo cuando se excedan”, aseguró.
Despejar de manifestantes la plaza
En la primera de sus declaraciones, Santos aseguró que la mañana del 20, antes de ir a la Rosada, “le transmití a (Raúl) Andreozzi y (Norberto) Gaudiero que continuara con el trabajo emprendido y que se siguieran efectuando detenciones puntuales a quienes efectuaran actos violentos”. El fiscal Mariano Domínguez hoy le preguntó si verificó cómo se ejecutó esa orden.
“Sí”, dijo Santos y completó: “vi como estaban desplazando a la gente atrás del vallado”, “las escaramuzas que había” y “por eso en un momento determinado ordené detenciones puntuales”. Pero después, se resguardó, “no vi el total, ví la gran parte y la actitud correcta que tenía la policía para desplazar a esta gente”, dijo.
Sin embargo, recordó que ese día, Andreozzi lo llamó por teléfono y le comentó que la jueza Servini de Cubría “ordenó interrumpir el accionar de la Montada”, que cerca del mediodía abalanzaron sus caballos sobre los manifestantes. Y, advirtió, dijo “mentalmente me di cuenta que tenía que intervenir Asuntos Internos, me pareció prudente que lo haga”, dijo Santos. “No me queda claro en qué momento, pero sí que en la reunión de plana mayor lo transmití”.
Esa tarde, a las 19.52, De la Rúa dejó la Rosada en helicóptero, con destino a la Quinta de Olivos. Los muertos en las calles del centro porteño eran cinco. Un parte de las 19.35 le informa sobre tres de estas muertes. Lleva el número 353, y se terminó de confeccionar a las 19.35. El ex jefe de la Federal lo proyectó durante su declaración.
“Hora 17.00: se pudo establecer que a raíz de los conflictos en la intersección de Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo, ambulancia del SAME procedió al traslado hacia el Hospital Argerich de Diego Lamagna, argentino 26 años, Marcelo Rivas argentino de 30 años y Carlos Almirón, argentino de 24 años. Todos ellos con herida de bala en el tórax, resultando fallecidos los dos primeros, en tanto el tercero de los nombrados permanece internado en estado reservado con herida de bala en tórax con orificio de entrada y salida”.
Gustavo Benedetto había sido asesinado frente a la sucursal del HSBC, a unas cuadras de la plaza de Mayo. En la causa está comprobado que desde el banco se dispararon más de 59 balazos contras los manifestantes, pero los tiradores no fueron identificados.
Alberto Márquez, murió en una plazoleta, cerca del Obelisco, después de las siete de la tarde. Por su asesinato están acusados nueve ex policías de Asuntos Internos, que actuaron en el operativo.
*Por: Milva Benitez, Infojus Noticias
