Al exmandatario, sin embargo, no sele imputan todavúa cargos, a pesar de que el propio exdirector de esa entidad, Giacomo Tamburrelli, denunció que la adquisición fue ordenada directamente por Martinelli, por cuyo paradero se ha solicitado solo una orden de bandera azul (ubicación) a la Interpol, y por el caso de espionaje telefónico. En el día de ayer, correspondió a ocho exfuncionarios de la pasada administración asistir a la primera audiencia del proceso.
En el proceso de compra de comida deshidratada hay nueve personas imputadas, un empresario y ocho exfuncionarios. Rubén De Ycaza, quien suministró la comida al PAN a través de Lerkshore International Limited, mantiene una medida de casa por cárcel. En esa misma condición están los exfuncionarios Tamburrelli, Gioconda Torres de Bianchini, ex Contralora de la República, y Ángel Flamiglietti, ex director de Nutrición del PAN.
El resto de ellos (Lucy Molinar, ex ministra de Educación; María Fábrega, ex viceministra de la Presidencia; Federico Suárez, ex ministro de Obras Públicas; Marta de Varela, ex viceministra de Desarrollo Social), mantienen medidas cautelares. Adolfo De Obarrio, secretario del expresidente, también está vinculado en este caso.
Finalmente, la audiencia programa para ayer fue suspendida después de que Edna Ramos, abogada de De Obarrio, solicitó una ampliación del sumario de la investigación y propuso el 23 de noviembre como una fecha alterna para la audiencia.
Los Ausentes
A la audiencia de ayer no se presentaron quienes han sido asignados a casa por cárcel, a pesar de que fueron notificados desde el mes de junio. Correspondía a la Policía Nacional el traslado. Tampoco estuvo De Obarrio, secretario del expresidente, quien se encuentra prófugo.
El resto de los imputados acudió a la cita y mostró su descontento con la solicitud de la defensora de De Obarrio, cuya acción prolonga el proceso que determinará su futuro legal.
La mayoría de los imputados presentes tenían previsto solicitar un proceso abreviado, lo que podría interpretarse como un reconomiento de culpa, a la espera de una reducción de pena, explicó una fuente judicial presente.
‘Es fácil hacerlo para una persona que no está detenida, que no está privada de su libertad, y que quién sabe a dónde está, disfrutando de la buena vida’, explicó Gonzalo Moncada Luna, abogado de Tamburrelli.
“Nosotros, el día de ayer, recibimos copias de las actuaciones que se adelantan en el nuevo caso de la comida deshidratada. Hemos pedido una auditoría exhaustiva para conocer la ruta del dinero, y quiénes son los beneficiados y si hubo o no corrupción”, agregó Ramos. La fuente judicial narró a La Estrella de Panamá, que tanto los imputados como sus equipos de defensa, que habían acudido a la sala de audiencias desde las 8:30 a.m., esperaron hasta las 9:15 a.m. por la llegada de Ramos, quien después de emitir las solicitudes para posponer el proceso, se retiró para evitar las quejas y reclamos de los demás imputados.
Bajo el Sistema Inquisitivo, bajo el cual se realiza el proceso, al retirarse Ramos, no se pudo desarrollar la audiencia. Basado en el testimonio de Giacomo Tamburrelli, la Corte Suprema lleva una investigación paralela al expresidente. Consciente de que el resultado del embrollo en el que está metido podía serle adverso, la defensa de Martinelli ha ejecutado, sin éxito, acciones para desmontar lo que él llama una ‘persecución política’ de quien fuera su compañero de fórmula y ahora presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Por otra parte, al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, con cargos de peculado, le corresponde comparecer hoy ante la fiscal Zuleika Moore para dar respuesta a la falta de cumplimiento en la instalación de 19 radares comprados en la era Martinelli. Ayer, lo hizo su exviceministro de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, quien enfrenta cargos de peculado por este mismo caso..
Armas Ilegales
El exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez espera su primera sentencia. El juez décimosegundo, Oscar Carrasquilla, se acogió al término de 30 días para dictar la sentencia en proceso que se le sigue a Pérez por el supuesto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión ilegal de armas.
Ayer, se tenía previsto la audiencia preliminar por este caso, pero la defensa de Pérez, encabezada por la abogada Holanda Polo, se acogió a un proceso abreviado, por lo que el juez Carrasquilla llamó automáticamente a juicio y mantuvo la detención preventiva contra Pérez.
La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal Décimo Cuarta, Jossira Rojas, quien pidió la pena máxima que es de 10 años. La fiscal sustentó su solicitud en el sentido de que ‘existen suficiente hechos probatorios de los delitos’. Según la fiscal, Pérez no contaba con los permisos para poseer las armas que se encontraron en su casa durante un allanamiento, como parte de la investigación por las escuchas telefónicas ilegales. Además, dos de las armas encontradas pertenecen a la Policía Nacional.
Polo, por su parte, pidió una sentencia absolutoria y sustentó que Pérez, si bien es cierto no tenía los permisos, estaba en proceso de realizar los trámites. Además sustentó vicios de forma en el expediente, como el hecho de que el documento del allanamiento estaba fechada enero de 2014, cuando en realidad ocurrió en enero de 2015.
Fuente: Nodal
