La primera ministra británica, Theresa May, activó el artículo 50 de los Tratados de la UE, que contempla la salida de un Estado miembro de la Unión, el 29 de marzo pasado, y puso en marcha el cronómetro que da dos años al Reino Unido para ser considerado un Estado tercero, a finales de marzo de 2019.
Durante ese plazo, las dos partes intentarán negociar un acuerdo sobre cómo será la salida. La UE se impuso como prioridades los derechos de los ciudadanos o el acuerdo sobre la factura de la salida.
La UE quiere procurar garantías recíprocas para preservar los derechos de los que gozan actualmente, como ciudadanos comunitarios, los británicos y demás europeos que residen a uno u otro lado del canal de la Mancha. Asimismo, busca asegurar que haya un reglamento financiero único para que Londres respete sus obligaciones y compromisos con el presupuesto de la Unión.
Por lo que respecta a Irlanda, la única frontera seca entre el Reino Unido y la UE a excepción de Gibraltar, la UE no quiere que se cree una frontera cerrada con la provincia británica de Irlanda del Norte, para no perjudicar los acuerdos de paz en esa región.
Una vez redactado, el acuerdo del Brexit deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, y el Consejo Europeo deberá adoptarlo posteriormente. El plazo de las negociaciones se puede prolongar, si todos los países de la UE están de acuerdo.
