La tensión entre el partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat) y la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha implosionado definitivamente tras las discrepancias de los últimos meses.
El destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los diputados junteros encarcelados se han negado a ser sustituidos por la suspensión decretada por el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo (TS). ERC sí lo ha hecho y ha preservado al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de incurrir en desobediencia. El independentismo, pero, ha perdido su mayoría.
La crisis del independentismo ha evidenciado dos vías mayoritarias, la de ERC, más pragmática de ampliar la mayoría social y acercarse a los comunes y la más legitimista de JxCat. Además de otra, la de la plataforma asamblearia Candidaturas de Unidad Popular (CUP), de desobediencia directa al Estado. Los socialistas y Catalunya en Comú han pedido recapacitar a los de Puigdemont.
A pesar de la fractura del bloque independentista, Ciudadanos y el Partido Popular (PP) han continuado denunciando al presidente de la Cámara por desacato y han pedido elecciones.
El embrollo jurídico por la injerencia judicial ha difuminado el contenido de las votaciones y ha alterado las mayorías. El Parlamento ha priorizado un referéndum pactado con el Estado sin condiciones ni renuncias y ha rechazado la reprobación al rey Felipe VI.
El Gobierno catalán, conjurado a mantenerse unido sólo hasta las sentencias contra los presos políticos, ha desvinculado las discrepancias parlamentarias de su estabilidad, pero la fragilidad es evidente.
Además, con la advertencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad independentista, de retirar su apoyo si la Generalitat no concretiza su plan para implementar la República de manera inmediata.
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