“La Administración está bajo mínimos”, advierte el sindicato CSIF, que también denuncia la temporalidad del empleo público creado recientemente. Los contratos de menos de seis meses son el doble en 2015 que el año anterior. Advierte además de que 120.000 personas se jubilarán en los próximos 10 y 15 años.
El número de empleos públicos perdidos equivale a la población de ciudades como Logroño o Salamanca. Pero si se atiende al sector en su sentido amplio y se contabilizan las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas, la caída es mucho mayor: 320.200 puestos de trabajo menos, en este caso respecto al último trimestre de 2011, cuando se acelera la destrucción de empleo.
Volviendo a la Administración General y por categorías, CSIF denuncia que “se han perdido 11 profesores al día, 5 sanitarios, 6 militares o 6 carteros”, ejemplifica. En el colectivo de la enseñanza los cinco años estudiados se han saldado con 22.366 profesores menos. En el ámbito sanitario se han perdido más de 9.300 puestos de trabajo, y las Fuerzas Armadas se han desplomado con la pérdida de 12.257 empleos.
Según los mismos datos, se ha producido una merma de 3.224 efectivos en los ámbitos de la Seguridad Social y de 1.351 en la Agencia Tributaria, “un personal fundamental para la concesión de prestaciones sociales a los españoles, en un periodo muy grave de crisis económica, y para la lucha contra el fraude fiscal”, denuncia el sindicato.
En cuanto a la calidad del empleo creado, la tasa de temporalidad ha alcanzado al 22% de la plantilla pública: a día de hoy hay 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos años esta cifra se situaba en 559.000.
Por su parte, el último Boletín Estadístico muestra cómo el personal con contrato de duración inferior a seis meses en ministerios y agencias estatales es más del doble de seis meses hasta hoy: han pasado de 805 a 1.860. “Esta situación, unida a la no reposición de plazas del personal que se jubila responde a un plan premeditado de reducción de empleo por parte de nuestros representantes políticos”, critica CSIF.
