Se trata de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) mediante los cuales el gobierno nacional pretende transferir las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación.
“Estamos presentando un recurso de amparo para que se declaren inconstitucionales los decretos 256 y 257 del año 2015 que por un lado uno de ellos transfiere el sistema de escuchas del ministerio publico fiscal hacia el ámbito de la corte suprema de la justicia de la nación y el restante decreto lo que hace es suspender la implementación del nuevo código procesal penal previsto para marzo de este año. “Entendemos que estos decretos de necesidad y urgencia son inconstitucionales” expresó De Ponti.
Por último, el concejal Toniolli y referente del Movimiento Evita en Rosario, dijo que “Macri ya ha decidido gobernar desconociendo al Poder Legislativo, pactando o sometiendo al Poder Judicial, y en estricto cumplimiento de los intereses de determinados poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, el complejo agroexportador, y otros actores del poder económico nacional y transnacional”.
