Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y de universidades públicas nacionales solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión su “intervención para manifestar su preocupación” por la situación del país tras la aplicación de los decretos 13, 236 y 267 con los que el Poder Ejecutivo “ha puesto en juego estándares internacionales” en materia de protección de ese derecho. Los colectivos, entre los que figura el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, esperan que la CIDH solicite informes al Estado argentino respecto de “una situación que se está agravando”, apuntó Diego Morales, director del área de Litigio del CELS.
“La suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atenta contra los derechos a la información, la comunicación y la libertad de expresión”, advirtió Morales para describir brevemente la “grave situación” en la que el gobierno de Mauricio Macri puso al país al modificar por decretos de necesidad y urgencia la regulación de los medios de comunicación audiovisuales.
El CELS y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) junto con las universidades nacionales de Lanús y Quilmes, la de las Artes y la Antonio Jauretche; la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (Rrulac) decidieron poner el alerta a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo a fines del mes pasado, cuando el Ejecutivo había subsumido la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la órbita del Ministerio de Comunicaciones a través del DNU 13/2015 y, días después, la había intervenido por la misma vía –DNU 236/2015–. Esta nueva nota “llega para aportar información sobre una nueva avanzada, la disolución del organismo, entre otras cosas”, precisó Morales en relación al DNU 267/2015.
Los organismos, en su mayoría integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, acuden a la CIDH porque es “un espacio institucional relevante en materia de protección de derechos humanos”, pero además por el rol que el organismo tuvo en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Fue fundamental en su redacción, en el debate legislativo que precedió a su aprobación y en su cumplimiento”, apuntó Morales. “Los 21 puntos de la Coalición –ADN de la norma– son tributarios de los estándares que propone el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, que durante el debate legislativo fue cita de autoridad. Y luego la comisión también mostró interés en el modelo que propuso la ley argentina para ser replicada en otros países”, amplió.
Así, denunciarán ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, y al relator especial en la materia, Edison Lanza, que el Ejecutivo realizó “sin tener competencias” modificaciones que “afectan sensiblemente” a la LSCA en cuanto a la autonomía que el organismo de control de esos medios debe contar respecto del poder político y económico así como el fomento a la pluralidad de voces.
El reemplazo de la AFSCA por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y los cambios tanto en la conformación del directorio del nuevo organismo como en la manera de designarlos y removerlos es uno de los puntos que las organizaciones critican en la nota a la CIDH, por considerar que con ellos se “eliminan garantías básicas que aseguren su autonomía o independencia” tanto del Poder Ejecutivo como del económico.
También señalan que tanto la derogación de los límites a la transferencia de licencias cuanto la ampliación del límite de tenencia, así como la desaparición de las obligaciones que la ley 26.522 imponía a los cables respecto de señales locales fomentan la concentración y afectan la pluralidad de voces.
“Efectos devastadores en materia de concentración”, auguran. “Regreso a las prácticas de opacidad respecto a la titularidad de los medios”, denuncian. “Se pone coto a la posibilidad de discutir pluralismo, diversidad, contenidos locales”, añaden. Por último, advierten que “no hay una sola línea del decreto que justifique un estado de necesidad y urgencia para su dictado”, en referencia al 267/2015. Además, denuncian que el Ejecutivo “no tiene competencias” para cambiar una norma como la LSCA por DNU. Cuestiones similares mencionaron en la nota anterior sobre los DNU 13 y 236/2015.
Por ese motivo, le solicitan que “intervengan oportunamente a través de las acciones que consideren apropiadas en el marco de sus competencias para manifestar su preocupación” por los hechos. Los pedidos de informes al Estado sobresalen entre un abanico de alternativas con las que tanto la CIDH como Lanza pueden llegar a responder ante la solicitud de las organizaciones. Ante la intervención de AFSCA, Morales ya había dicho que los efectos de que Argentina no responda serán “lamentables”, ya que “Argentina es parte de la CIDH y ha mantenido una conducta en el vínculo. Un cambio en ese modo de comportarse sería algo lamentable”.
