El escándalo mediático, apostilló, tuvo lugar días antes de celebrarse el referendo del 21 de febrero, para modificar parcialmente la Constitución del país y posibilitar la repostulación de Morales, y su objetivo fue incidir en los resultados, por lo que argumentó que el debate fue una conspiración planeada por la derecha.
El caso Gabriela Zapata fue utilizado como un instrumento de conspiración política, gestado por la oposición contra el Gobierno y particularmente contra el presidente Evo Morales”, señaló Carlos Romero, ministro de Gobierno de Bolivia.
De igual forma, denunció la cooperación de ciertos periodistas con la derecha al difundir noticias falsas sobre el caso. En este sentido, se refirió a una noticia que alegaba la existencia de un hijo como resultado del vínculo sentimental del mandatario con Zapata.
“La oposición forzó la existencia del menor para dar pie a una supuesta relación del presidente con Gabriela Zapata, que habría permanecido en el tiempo y se habría traducido en beneficios a favor de esta”, declaró el funcionario, y subrayó que “las investigaciones del Ministerio Público demostraron que el niño no existe y que en un proceso judicial fue suplantado por otro menor plenamente identificado”.
Tras destaparse la relación, la oposición cargó contra el mandatario y le acusó de tráfico de influencias debido a que Zapata, como gerente de la empresa china CAMC, se adjudicó contratos con el Estado por unos 560 millones de dólares.
Morales rechazó los alegatos y ordenó iniciar una investigación, tras lo cual Zapata fue detenida preventivamente bajo cargos de enriquecimiento ilícito.
