Dicho decreto modifica la Ley de Migraciones e impone controles más estrictos con el supuesto propósito de evitar que delincuentes extranjeros operen en el país, y que permanezcan en el territorio nacional pese a tener antecedentes penales.
“La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”, indica el texto, que hace énfasis en la demora “de los procesos administrativos y judiciales (…) que atentan contra el debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional”.
Uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. Además, las mismas causas podrán ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”. Es por eso que la Justicia ahora deberá notificar a Migraciones sobre “todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido”.
También se incorpora otro cambio: si un inmigrante pagó para que lo trajeran, a pesar de que esto infringe la ley, si colabora para dar con el traficante de personas, podrá pedir la residencia y evitar la expulsión.
En tanto, hasta ahora el piso de prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con la modificación, será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.
