El tribunal supremo desestimó por unanimidad los recursos de los querellantes y los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, quienes pretendían que la ex presidente fuera interrogada como testigo o imputada por haber ordenado en 1975 ese operativo, que se prolongó durante el gobierno de facto.
En un dictamen que contó con la adhesión del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, Camuña y Rovira habían solicitado que la viuda del tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón, fuera citada como “participe necesaria” de graves violaciones a los derechos humanos.
Los fiscales sostuvieron que "Isabel" dio una orden cuyo cumplimiento “no controló”.
A la ex presidenta residente en Madrid y actualmente de 86 años se le imputó haber firmado el decreto N° 261 de 1975 y con ello haber permitido “un sistema clandestino de represión”.
Con la firma del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte declaró inadmisible los recursos por no estar dirigidos contra una sentencia definitiva, uno de los requisitos que habilitan la intervención del máximo tribunal.
