La medida reveló profundas grietas en el partido de Gobierno del presidente François Hollande, pero también en la oposición, donde muchos de los diputados se oponen a estas medidas.
Numerosos dirigentes de izquierda expresaron su indignación ante el proyecto y se negaron a votarlo, mientras que la ministra de Justicia Christian Taubira renunció el mes pasado en protesta por la iniciativa
Valls justificó la necesidad de la reforma ante “la amenaza del islamismo”.
“Porque estamos en guerra, debemos unirnos. Este es un gran día para la República, para la unidad, para Francia y para la lucha contra el terrorismo”, señaló.
La reforma aún está lejos de estar aprobada.
El paquete debe recibir ahora el respaldo del Senado, la cámara alta del Parlamento, y luego el apoyo de las tres quintas partes del Parlamento reunido en sesión bicameral, algo que en Francia se conoce como “Congreso”.
La pieza legislativa se compone de dos puntos: el primero se añade al artículo 36 de la Carta Magna para introducir en ella las condiciones en que podrá decretarse el estado de emergencia en Francia, actualmente en vigor y en proceso de ser prorrogado tres meses.
El segundo epígrafe, el más polémico, enmienda un párrafo del artículo 34 de la Constitución para determinar que “la ley fija las reglas (…) sobre las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación”.
En sus declaraciones a periodistas tras la votación, Valls se mostró convencido de que el proyecto obtendrá las tres quintas partes del apoyo del Congreso para su aprobación final.
Las enmiendas constitucionales fueron ya adelantadas por el presidente Hollande en su discurso ante el Congreso, reunido en Versalles el pasado 16 de noviembre, tres días después de los atentados yihadistas que causaron 130 muertes en París y Saint Denis.
